Regidores de la Municipalidad de Lima son denunciados por desalojos en la Vía Expresa Sur

La Fiscalía ha denunciado a 39 regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima por los desalojos realizados en el marco del proyecto de la Vía Expresa Sur. El caso está vinculado a la expropiación de un terreno de 15.000 metros cuadrados, el cual se encontraba debidamente inscrito en Registros Públicos.

Así lo informó el regidor Arón Espinoza, uno de los principales opositores a la gestión del alcalde Rafael López Aliaga. En declaraciones a Exitosa, Espinoza detalló que, el mismo día en que se presentaron los trenes Caltrain, los regidores fueron notificados por el Ministerio Público sobre la denuncia fiscal.

En ese contexto, el regidor también cuestionó la forma en que el alcalde ha presentado la obra. Según dijo, lo que se inauguró no fue la vía expresa, sino solo los carriles auxiliares, cuya implementación —afirmó— ha generado una serie de incidentes viales.

“Lo que se ha inaugurado son los carriles auxiliares, que han ocasionado accidentes, atropellos, choques. ¿Producto de qué? Producto de la falta de señalización, producto de la falta de planificación y una serie de cosas”, expresó.

Finalmente, Espinoza denunció que el alcalde mantiene una actitud hostil hacia quienes disienten de sus decisiones. “En mi caso, pues cuántos calificativos y adjetivos me he ganado por simplemente ser una persona que le dice las cosas como piensa”, lamentó.

La Municipalidad de Lima presentó el proyecto de la Vía Expresa Sur como un nuevo corredor vial que busca reducir los tiempos de viaje entre el norte y el sur de la ciudad. Aunque el proyecto aún se encuentra en ejecución, la MML inauguró recientemente los carriles auxiliares de la vía. Durante el evento, el alcalde de Lima destacó que la obra representa un importante avance para la capital.

Sin embargo, tras la inauguración, vecinos y conductores denunciaron múltiples accidentes de tránsito en estas vías auxiliares, atribuidos a la falta de señalización, semáforos y alumbrado público. Aunque algunas zonas fueron asfaltadas y señalizadas de manera superficial, la ausencia de luminarias ha generado sectores en penumbra, especialmente peligrosos durante la noche. Varios cruces, muchos de ellos cercanos a escuelas, carecen de control semafórico, lo que ha provocado choques frecuentes y situaciones de riesgo.

El desarrollo del proyecto también implicó la eliminación de áreas verdes y espacios recreativos, lo que ha afectado la calidad de vida de los residentes. Vecinos expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en zonas que antes albergaban parques y áreas de juegos infantiles, ahora reemplazadas por zonas oscuras y descampadas.

Uno de los últimos inconvenientes fue reportado por la empresa Luz del Sur, que alertó sobre daños en cables subterráneos y componentes eléctricos durante la construcción. Esta situación compromete el suministro de energía para cientos de usuarios y representa un riesgo adicional para la seguridad de los peatones.

El panorama en torno a los desalojos por la construcción de la Vía Expresa Sur en San Juan de Miraflores sigue generando tensión y acciones judiciales. El Poder Judicial, a través del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, ratificó una medida cautelar que protege a más de 20 viviendas en el asentamiento humano Luis Felipe de las Casas Grieve II, suspendiendo su demolición. Esta decisión rechaza el pedido de nulidad planteado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y reconoce la competencia del juzgado para atender la demanda de los vecinos, señalando que no existía un Expediente Técnico Definitivo aprobado para proceder con los desalojos.

Los residentes, representados legalmente, subrayan que su exigencia no implica detener la obra, sino garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, como la propiedad y el debido proceso constitucional. Sostienen que no son invasores, sino propietarios legítimos con títulos formalizados hace más de 35 años.

Pese al fallo, la MML, mediante Emape, manifestó que no acatará la medida y anunció acciones legales para revertirla, asegurando que los predios no forman parte del trazado principal de la obra. Los afectados temen que los trabajos avancen y denuncian un trato desigual respecto a otras infraestructuras, como el Terminal Terrestre de Atocongo, que no ha sido intervenido.

La ejecución del proyecto proyecta el desalojo de unas 350 familias y afecta a instituciones educativas cercanas. Los vecinos insisten en el reconocimiento de sus derechos y advierten que organizarán acciones de defensa ante cualquier intento de desalojo sin garantías legales claras.