Policías en Junín investigados: habrían pagado S/ 40 diarios por Yape para evitar ir a la comisaría

En plena crisis de confianza institucional, surge un escándalo en la Comisaría PNP Comas de Junín por presuntos cobros ilegales a policías para evitar cumplir sus turnos. Durante la ausencia del comisario titular, varios efectivos de la comisaría, ubicada en Concepción, habrían implementado un esquema irregular donde cobraban a sus subalternos 40 soles diarios para liberarlos del servicio policial. Este dinero se exigía mediante transferencias por Yape y era coordinado a través de un grupo de WhatsApp llamado “Unión y lealtad”, donde los mandos presionaban constantemente para que paguen la “cuota” o “diezmo”.

Este caso se suma a otros similares detectados en la región, y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín ya inició una investigación preliminar para esclarecer el presunto delito de cohecho pasivo propio. Los efectivos PNP señalados, entre ellos el suboficial técnico de segunda Carlos Alberto Camarena Beltrán y el suboficial técnico de tercera John Walter Arauco Ames, serían los principales responsables de exigir el pago para que sus compañeros no tengan que cumplir con sus turnos en la comisaría durante los permisos o vacaciones del comisario.

La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Anticorrupción llevaron a cabo un operativo el 9 de julio para allanar la sede policial y levantar el secreto de las comunicaciones. En este procedimiento se incautaron los teléfonos de siete suboficiales, cuyos mensajes de WhatsApp y transferencias por Yape serán analizados como parte de la investigación. En el grupo denominado Unión y lealtad, los mandos insistían en los pagos diarios, con mensajes como: “Grupo, buenos días. Por favor su diezmo. Me dieron tiempo para entregar todo para la lista de retreta”.

Las conversaciones revelan la presión constante para que todos los efectivos cumplan con la cuota, incluso con préstamos para quienes no podían hacer la transferencia en el momento. La organización del personal en dos grupos comandados por Camarena y Arauco permitía un control riguroso sobre quién pagaba para no asistir a sus labores. Además, el comisario titular habría recomendado a los policías consultar con abogados antes de entregar sus celulares, lo que retrasó la diligencia.

Este esquema, que ha sido calificado como una práctica instalada dentro de esta comisaría, mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía, que espera que las investigaciones avancen para sancionar a los responsables de este presunto acto de corrupción dentro de la PNP.

El cohecho pasivo propio es un delito contemplado en el artículo 393 del Código Penal peruano, que se configura cuando un funcionario público —como un policía— acepta, solicita o recibe dinero, regalos u otros beneficios a cambio de realizar u omitir actos vinculados a su cargo, violando sus deberes. No importa si el acto se realiza antes o después del beneficio recibido: el solo hecho de pactar o aceptar ese “trato” constituye delito. En el caso de Junín, los suboficiales investigados habrían pedido S/40 diarios a sus subalternos para exonerarlos del servicio, lo que encaja directamente en esta figura penal.

Según la ley peruana, este delito es sancionado con penas de cárcel no menores de seis ni mayores de ocho años, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas que pueden alcanzar los 730 días-multa, dependiendo de la modalidad del hecho y si el funcionario pidió directamente el beneficio o lo recibió tras incumplir sus obligaciones. Cuando la conducta del servidor público es aún más grave —por ejemplo, si condiciona su actuación oficial a cambio del beneficio— la pena se eleva a entre ocho y diez años de prisión.