La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena han sido citados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para este viernes 18 de julio a las 9:30 de la mañana. Se les convoca para que respondan a la denuncia constitucional presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín.
Los referidos parlamentarios denunciaron a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, así como supuestas infracciones a la Constitución. Esto por supuestamente haberse rehusado a cumplir con la Ley 32130, que otorga inconstitucionalmente la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú.
Luego de que se escuche a los denunciados, los fiscales supremos, y a los denunciantes, el congresista delegado deberá elaborar el informe final para su debate y votación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La Ley 32130 actualmente se encuentra impugnada en un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por contravenir el artículo de la carta magna referido a que el Ministerio Público conduce la investigación desde el inicio. La audiencia ante los magistrados ya se llevó a cabo y en las próximas semanas se publicaría la sentencia.
En la mira
Esta es una de las numerosas denuncias contra la Junta de Fiscales Supremos. A inicios de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dio luz verde a una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos, en relación con el caso de Patricia Benavides. Se les acusa de incumplir la Constitución y desobedecer a la autoridad por no haber restituido a Benavides como fiscal de la Nación, según lo solicitado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La decisión de admitir la denuncia contó con el respaldo de los congresistas Jorge Montoya, Víctor Flórez, Martha Moyano, Flavio Cruz, Milagros Jauregui, Patricia Chirinos, Nelcy Heidinger, Digna Calle, Esdras Medina y María Acuña. Por otro lado, los parlamentarios Edgard Reymundo, Francis Paredes, Jorge Coayla y Pasión Dávila se opusieron.
El informe que calificó la denuncia no abordó las irregularidades señaladas en la resolución de la JNJ, como la ausencia de la secretaria general en la sesión donde se decidió la reposición de Benavides, lo que podría invalidar dicha resolución. El informe se limitó a señalar que Espinoza y los fiscales supremos desobedecieron un mandato que actualmente está bajo litigio en un proceso de amparo.
Notablemente, la denuncia no incluyó al fiscal supremo Tomás Gálvez, quien también apoyó la autonomía del Ministerio Público, reconoció a Espinoza como fiscal de la Nación y propuso enviar un oficio a la JNJ para aclarar el alcance de su decisión.
El informe de calificación será remitido a la Comisión Permanente, que otorgará un plazo de hasta 15 días para que la Subcomisión elabore un informe final. Dado que se acusa una infracción constitucional, este informe podría recomendar la inhabilitación por hasta 10 años de Espinoza y los fiscales mencionados.
En la misma sesión, la Subcomisión rechazó denuncias contra los miembros de la JNJ: Gino Ríos (presidente), María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo. El informe justificó la decisión de la JNJ argumentando que hubo unanimidad entre los miembros presentes en la sesión, a pesar de que el Tribunal Constitucional exige el voto de todos los miembros del colegiado para anular actos administrativos. Además, el informe defiende la potestad de la JNJ para anular la destitución de Benavides y niega que haya existido un avocamiento ilegal, ya que el juzgado constitucional declaró que la demanda de amparo de Benavides perdió su objeto. Con estos mismos argumentos, se desestimó una denuncia contra el presidente de la JNJ, Gino Ríos.
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