La minería ilegal alcanzó zonas protegidas de las Pampas de Nasca, donde se encuentran las célebres Líneas y Geoglifos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. La alerta se generó luego de que, entre el 28 de mayo y el 8 de junio de 2024, el Ministerio de Cultura aprobara una resolución que redujo el área protegida de 5,633.47 km² a 3,235.94 km².
El ingreso de maquinaria pesada, acumulación de desechos y remoción de suelos fue documentado por medios locales, como Cuarto Poder. En el sector de Poroma, se identificaron caminos abiertos recientemente, así como montículos de relaves en zonas señalizadas como “paisaje arqueológico”.
Investigación en curso por reducción del área protegida
En la previa, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra tres funcionarios, entre ellos el actual ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, por su presunta responsabilidad en la reducción del polígono de protección. Las diligencias están a cargo del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca.
La investigación busca esclarecer posibles delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad. El fiscal José Meléndez Curasi señala que la reducción dejó desprotegidos más de 100 sitios arqueológicos, sin haber cumplido los procedimientos técnicos requeridos.
Identifican presencia de maquinaria y relaves en zonas patrimoniales
El reportaje de Cuarto Poder también evidenció que, tras el recorte del área, se instalaron equipos de minería y se trazaron vías de acceso no autorizadas. Guías turísticos y residentes locales reportaron la presencia de camiones y acumulación de minerales en áreas cercanas a los geoglifos, considerados patrimonio cultural.
En un recorrido realizado en el sector de Poroma, se identificaron además rellenos improvisados de basura en zonas señaladas como prehispánicas. También se observó un letrero de propiedad privada próximo a una zona con depósitos mineros.
Ministerio de Cultura y operativos en la zona
La viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa, informó que se han realizado operativos en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público, logrando decomisos de explosivos y la detención de cuatro personas. No obstante, los resultados aún no han logrado contener el avance de las actividades mineras ilegales.
El alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo, por su parte, indicó que la zona “sigue protegida” y que su gestión está impulsando una mesa de diálogo con el Ministerio de Cultura, asociaciones turísticas y la sociedad civil. También señaló que mantiene actividad minera anterior al recorte del área, pero rechazó haber sido favorecido por la modificación del polígono.
En ese sentido, diversas organizaciones locales, como la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Nasca (ANGOTUR), expresaron su rechazo a la reducción del área protegida y a la presencia de minería informal. “Se pretende dejar en la impunidad la minería ilegal dentro del área arqueológica”, señalaron en un pronunciamiento público.
El gremio turístico también advirtió sobre el impacto económico en el sector. La actividad minera irregular en la zona estaría afectando la imagen de Nasca como destino turístico, así como el desarrollo de negocios locales vinculados a la visita de turistas nacionales e internacionales.
Minería ilegal en expansión
El caso de Nasca forma parte de un escenario más amplio. La expansión de la minería ilegal en el Perú se ha extendido a regiones de la costa, sierra y selva. En los últimos meses, se han registrado protestas y enfrentamientos con la Policía Nacional en diversas zonas. En una reciente movilización en Arequipa, una persona falleció y otras siete resultaron heridas.
Los sectores involucrados en esta actividad han demandado la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y condiciones más flexibles para su legalización. Sin embargo, estas demandas han sido cuestionadas por no incluir controles ambientales ni técnicos.
Cabe señalar que las Líneas de Nasca, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco en 1993, constituyen uno de los legados arqueológicos más importantes del Perú. Las afectaciones documentadas en áreas cercanas a los geoglifos, como relaves y actividades mineras sin autorización, podrían comprometer su integridad y conservación.
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