
Ante la negativa de convocarla a la mesa de trabajo programada para este lunes, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, le recordó a la presidenta Dina Boluarte que el titular del Ministerio Público integra una comisión permanente creada por su Gobierno para tratar la minería informal y acabar con la minería ilegal.
En el oficio donde expresa su “preocupación” y “extrañeza”, Espinoza saca a colación el decreto supremo 143-2023-PCM firmado por Boluarte, que crea la "Comisión Multisectorial de naturaleza permanente con el objeto de realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal y a la recuperación del ambiente".
El artículo 2 de este decreto supremo establece que la comisión está conformada por el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, entre otros funcionarios de instituciones que inciden en el proceso para acabar con la minería informal e ilegal.
En el oficio que envió Espinoza a Boluarte, se deja constancia que la intervención del Ministerio Público en el referido grupo de trabajo, a través del fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, es “constante y activa”.
“Nos preocupa y causa extrañeza que el Ministerio Público no ha sido convocado a esta mesa de trabajo. Esta decisión -al haberse convocado a otras entidadesdel sistema de justicia como el Poder Judicial-, representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública que se pretende formular pues nuestra participación como órgano constitucional encargado de dirigir la investigación del delito y ejercer la acciónpenal, resulta coherente con la necesidad de asegurar que cualquier proceso de formalización minera se fundamente en la legalidad, la transparencia institucional y la sostenibilidad del Estado de derecho”, se lee en el documento.


Desplante
El domingo, la presidenta Dina Boluarte anunció la formación de una mesa de trabajo para abordar el problema de la minería informal, invitando a figuras clave como el presidente del Congreso, la presidenta del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, representantes de gremios mineros, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y al presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento.
Sin embargo, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no fue mencionada ni invitada a participar. Hasta las 11:00 de la mañana del lunes 14 de julio de 2025, hora programada para la mesa de trabajo, el Ministerio Público no había recibido ninguna comunicación formal para incluir a Espinoza o a un representante de la institución.

Esta exclusión resulta significativa, ya que el Ministerio Público desempeña un papel esencial en la lucha contra la minería ilegal, liderando investigaciones, presentando requerimientos al Poder Judicial, acusando a los responsables y sustentando pruebas en juicios. La ausencia de Espinoza contrasta con la invitación al Poder Judicial, cuyos jueces dependen de las solicitudes de los fiscales para actuar, ya que no pueden iniciar procesos ni dictar medidas de oficio.
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