“No a la impunidad”: víctimas del conflicto armado rechazan ley que amnistía crímenes cometidos entre 1980 y 2000

En una controversial jornada, la Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes, en segunda votación, un proyecto de ley que concede amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa procesados por delitos vinculados con la lucha contra el terrorismo durante el periodo 1980–2000.

Frente a esta decisión, familiares de víctimas del conflicto armado interno y organizaciones de derechos humanos manifestaron su rechazo absoluto y alertaron una nueva amenaza a la justicia en el país.

“Nuestro rechazo categórico a esta ley de impunidad que exime de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas… esta ley es claramente incompatible con los estándares internacionales y la jurisprudencia interamericana y socava profundamente las décadas de lucha por la justicia", expresó con firmeza una representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).

Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas, afirmó que se les está arrebatando un derecho fundamental: “Los familiares tenemos derecho a la justicia y es un derecho que está consagrado también como parte de la Constitución. Y sin embargo, esta ley lo que hace es arrebatarnos ese derecho, no solamente a que los condenados mayores de 75 años puedan cumplir sus condenas, sino que en algunos casos los procesos que están en investigación o en espera de ratificación de condena sean amnistiados y sean olvidados.”

En su testimonio añade una advertencia sobre la legitimidad del Congreso.

Ortiz resaltó también que la ley de amnistía no va a borrar el delito, no va a borrar quiénes son. “No va a borrar esas manos manchadas de sangre de nuestros seres queridos. La ley de Amnistía es una ley dada para premiar a los delincuentes y a los asesinos”, enfatizó.

Por su parte, Luis Aragonés de la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Violencia señaló que se registran más de 5 000 violadas por miembros de las Fuerzas Armadas. Más de 25 000 desaparecidos. Solamente hemos encontrado hasta el momento casi 3 000.

“Nos falta más de 22 500. ¿Dónde están nuestros hermanos, nuestros familiares?”, cuestionó. Ante este panorama, Aragonés anunció un plan de acción internacional:

Asimismo, el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, coincidió en términos rigurosos sobre el riesgo jurídico de la norma: “Es no solamente violatoria de los tratados internacionales y de la Constitución… es absolutamente inconsistente, porque deja de lado a las víctimas.”

Desde el ámbito legal, Gloria Cano, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, anunció una estrategia basada en la resistencia jurídica: “Nosotros vamos a ir caso por caso solicitando la inaplicación de esta ley… ya en anteriores épocas lo hemos hecho y hemos logrado tener a jueces y fiscales que dan una lectura… mirando la Convención Americana, mirando la Constitución del Estado, mirando la jurisprudencia internacional y nacional.”

El drama de las víctimas también tiene rostro y nombre. Mely, hija de Hugo Bustillos, víctima del conflicto, compartió su angustia: “Pensar nada más en su posible liberación, en que él [Daniel Urresti] se pueda acoger a esta ley me llena de impotencia, de indignación, de coraje y no puedo dejar de pensar en mis padres... Es tiempo de que nos dejen en paz. Es tiempo de que nos dé el derecho a alcanzar la justicia y el derecho de cerrar nuestro duelo.”

Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), defendió la decisión afirmando que “el debate entre todas las bancadas en el Pleno se dio ya en la primera votación” y que la amnistía es una medida necesaria para dar “celeridad” a casos que llevan décadas en proceso. Además, señaló que los organismos internacionales como la CIDH “pueden hacer lo que les da la gana”, pues, según él, la única instancia válida que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley es el Tribunal Constitucional (TC).

La Ley de Amnistía beneficiaría a más de mil miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa, incluidos muchos con sentencia firme o con procesos judiciales en curso. Organizaciones de derechos humanos estiman que entre 156 a 600 casos quedarían afectados, y que personas mayores de 70 años podrían acogerse a este beneficio, quedando exoneradas de condenas.