Martín Vizcarra sigue en la mira del Congreso: Admiten denuncia constitucional por compra de pruebas rápidas

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y los exministros Víctor Zamora (Salud) y María Antonieta Alva (Economía y Finanzas) por la presunta comisión del delito de colusión. Esto por el caso de las supuesto actos de corrupción en la compra un millón de pruebas rápidas contra la Covid-19.

Según la denuncia constitucional, Vizcarra ordenó la modificación de la política sanitaria, que priorizaba el uso de las pruebas moleculares, para dar paso a la adquisición de pruebas rápidas. Todo esto, supuestamente con el objetivo de favorecer ilícitamente a las empresas Nipro Medical Corporation Perú y Mulmedical Supplies S.A., que fueron habilitados por Perú Compras una vez que se emitió el decreto de urgencia que autorizó compra de las pruebas rápidas.

A la exministro Alva se le atribuye “viabilizar presupuestalmente la compra de pruebas rápidas”, mientras que al extitular del Saluda Víctor Zamora se la imputa haberse adherido al pacto colusorio previamente delineado.

La denuncia constitucional incluye actas de consejo de Ministros donde se habría acordado priorizar las pruebas rápidas sobre las pruebas moleculares, copias de los correos electrónicos a las empresas cuestionadas, acta de otorgamiento de la buena pro, entre otros.

“Estos elementos valorados de manera preliminar permiten sostener la hipótesis de la fiscalía respecto a la existencia de un concierto de voluntades, concertación entre altos funcionarios públicos y representantes de las empresas favorecidas para obtener ventajas indebidas en un procedimiento de contratación pública aprovechando la situación de emergencia sanitaria”, dice el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional.

Dicho informe fue aprobado con 15 votos a favor y una abstención. Ahora, el documento será elevado a la Comisión Permanente para que otorgue un plazo de hasta 15 días para que se realice la investigación parlamentaria. Luego, se deberá elaborar el informe final en el que se proponga el levantamiento del fuero contra Martín Vizcarra, Víctor Zamora y María Antonieta Alva, o se archiva la denuncia constitucional.

Esta semana, Martín Vizcarra reafirmó su determinación de competir en las elecciones generales de 2026, pese a las inhabilitaciones impuestas por el Congreso. Declaró que no ha renunciado a su trayectoria política y confía en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) revertirá lo que considera un abuso en su contra.

“Estoy en campaña, sin duda”, afirmó a la prensa, mostrando optimismo respecto a la Corte IDH: “Es difícil que no corrijan este atropello; mantengo la esperanza”. Vizcarra ha solicitado una medida cautelar a la Corte IDH para suspender temporalmente las restricciones que le impiden postularse a cargos públicos mientras se resuelve el caso de fondo, sin que esto implique anular las sanciones de manera definitiva.

Sobre su actividad actual, explicó que trabaja como ingeniero en un proyecto inmobiliario en Moquegua, lo que lo lleva a visitar Tacna periódicamente. “Vengo a trabajar, aunque el fiscal Juárez Atoche no lo crea. Estoy en un proyecto familiar, contratado por mi hija, quien lidera la iniciativa. Recibo 12 mil soles desde abril”, detalló, destacando su historial de trabajo en proyectos familiares desde los años 90.

Vizcarra expresó un fuerte rechazo al fujimorismo, al que culpa de sus inhabilitaciones y de influir en la composición del actual Tribunal Constitucional (TC), que desestimó su demanda de amparo. “No nos aliaríamos con el fujimorismo, ni hablar”, afirmó categóricamente, aunque señaló que su partido, Perú Primero, está siendo considerado por otras organizaciones políticas.

El exmandatario enfrenta tres inhabilitaciones del Congreso: una de diez años en 2021 por el caso ‘Vacunagate’, otra de cinco años en 2022 por presuntos vínculos con empresas contratistas como ministro de Transportes, y una tercera de diez años en junio de 2025 por la disolución del Congreso en 2019, considerada inconstitucional. Además, está bajo un juicio oral por supuesta corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua.