El congresista Segundo Montalvo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra el titular del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tras la promulgación del Decreto Supremo N° 012-2025-EM. Este dispositivo legal prorrogó el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2025, e introdujo requisitos que han dejado fuera del proceso a más de 50 mil mineros informales en distintas regiones del país.
La denuncia, sustentada también en una presunta vulneración de atribuciones legislativas, fue formalizada el 10 de julio ante el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. El documento remitido al Ministerio Público, Montalvo acusa al ministro Montero y a los funcionarios de su sector de modificar la aplicación de la Ley 32213, pese a que la norma —aprobada por el Congreso recientemente— establecía condiciones claras para la prórroga del proceso de formalización minera.
La norma cuestionada, según la acusación del congresista, desnaturalizan el objetivo de la Ley 32213 y representan una intromisión en la labor legislativa del Congreso, el cual tiene la facultad exclusiva de crear o modificar leyes. “Esta ley otorgaba un plazo claro y perentorio para que el Ejecutivo extienda el cupo de formalización minera, sin imponer filtros adicionales. No pueden vulnerar el mandato parlamentario introduciendo requisitos que afectan a miles de trabajadores en proceso”, declaró.
Parlamentario fundamentó su acusación en los artículos 376° y 418° del Código Penal, que sancionan el abuso de autoridad y el prevaricato, respectivamente, y alega que el Ejecutivo obró en contravención de los expresos límites definidos por el Legislativo.
El congresista también sostuvo que la actuación del ministro y de quienes participaron en la elaboración y suscripción del decreto vulnera el artículo 118, numeral 8) de la Constitución Política, que prohíbe a cualquier miembro del Ejecutivo emitir normas de rango inferior contrarias a leyes vigentes aprobadas por el Congreso. El pedido, dirigido a la fiscal Delia Espinoza, incluye una solicitud para que se determinen posibles responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios involucrados en la decisión.
El caso se produce en medio de una nueva oleada de protestas sociales en diversas regiones del país. El epicentro del conflicto se localizó en zonas como Chala, Arequipa, donde los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional dejaron una persona fallecida y varios heridos.
Dina Boluarte convoca mesa de diálogo
A través de un pronunciamiento, la presidenta pidió vigilar la conducta de varios parlamentarios, a quienes acusó de apoyar y organizar la violencia durante las protestas, y convocó a una mesa de diálogo.
El encuentro está programado para este lunes 14 de julio a las 11:00 horas. Participarán el presidente del Congreso de la República (Eduardo Salhuana), la presidenta del Poder Judicial (Janet Tello), el Defensor del Pueblo (Josué Gutierrez), representantes de los gremios mineros, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso (Paul Gutiérrez).
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