¿Cómo denunciar a quien no tiene nombre? Las trabas que enfrentan las trabajadoras del hogar en Perú

En Perú, más de 372 mil personas trabajan en casas particulares como cocineras, niñeras, limpiadoras o cuidadoras. Son trabajadoras del hogar, muchas veces invisibles para la ley y para quienes las emplean. Aunque existe una norma que reconoce sus derechos laborales, en la práctica siguen enfrentando condiciones precarias, despidos injustificados y, sobre todo, una traba que las deja fuera del sistema. Muchas no pueden denunciar estos abusos porque ni siquiera conocen el nombre legal de su empleador.

“Solamente (me decían) su nombre, jamás apellidos. Te dicen ‘vas a trabajar aquí’ y yo aceptaba”, recuerda Azucena Choque, trabajadora del hogar desde los 18 años. Como ella, muchas mujeres inician en este oficio empujadas por la necesidad y sin ninguna garantía. No hay contratos ni boletas de pago ni documentos que formalicen el vínculo laboral. Así, cuando aparecen abusos o incumplimientos, no saber a quién señalar se convierte en un obstáculo más para obtener justicia.

La Ley 31047, vigente desde el 2020, reconoció a las trabajadoras del hogar los mismos derechos que cualquier otro trabajador del régimen privado: sueldo mínimo, gratificaciones, vacaciones, CTS, afiliación a EsSalud y una jornada de 8 horas. Sin embargo, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solo 14,176 contratos se encuentran activos, según datos registrados hasta marzo de 2024.

“A veces ni siquiera saben cómo se apellida el empleador. Y te piden eso para denunciar”, explica Marcolina Infante, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú (SINTTRAHOL), en entrevista con Infobae Perú. “Piden RUC, piden DNI, y muchas veces no tenemos nada de eso. ¿cómo voy a saber?, a penas sé su nombre”.

Lucía Guevara, también trabajadora del hogar, lo confirma. “Revisamos recibos de luz, de banco, a ver si encontramos el nombre completo. A veces usan diminutivos”. Si bien estas prácticas no siempre responden a una mala intención, la informalidad en la relación laboral deja a las trabajadoras sin herramientas para defenderse cuando lo necesitan. Buscar nombres, entonces, se convierte en una estrategia.

El abogado laboralista y docente universitario Joel Cáceres explica que los datos del empleador son esenciales porque permiten identificar no solo a la persona, sino los derechos que se derivan de quienes toman el servicio.

Sin embargo, agrega que la imposibilidad de presentar esos datos no debería bloquear por completo el acceso a la inspección. “Las trabajadoras del hogar pueden acudir a Sunafil y solicitar la inspección. No se limita únicamente de un trámite en ventanilla, ellos tienen la capacidad para verificar el incumplimiento", señaló Cáceres.

De acuerdo con el abogado laboralista Javier Mujica, esa tarea no es opcional, es una responsabilidad legal. “Basta con que diga dónde trabaja o qué hace. Es la autoridad la que debe investigar. No hacerlo es un incumplimiento de deberes de función. El incumplirlo, está incurriendo en un delito”, expresó.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2023, el 94,4% de trabajadoras del hogar en el Perú se encuentra en informalidad. El número no es menor considerando que más de 372 mil ciudadanos se dedican a este oficio. La base de datos del Sistema de Registro del trabajo del hogar del MTPE, por su parte, arroja que se han registrado 115.310 contratos a nivel nacional. El número se reduce aún más si consideramos que solo 14.174 de estos documentos se encuentran activos.

Esa informalidad, explica Joel Cáceres, no es un efecto directo de la ley 31047. “El empleo en este régimen siempre ha sido caracterizado por altas tasas de informalidad. Lo que influye es la falta de fiscalización, el bajo nivel de ingresos de los hogares y la ausencia de políticas públicas que acompañen con capacitaciones o promoción del trabajo formal”, precisó.

En otras palabras, tener una ley no basta cuando el entorno social y económico empuja hacia la informalidad. Según Cáceres, los bajos salarios y las brechas estructurales de género, etnia y clase perpetúan la idea de que el trabajo doméstico no merece condiciones dignas. “Las actividades de cuidado han sido históricamente asignadas a las mujeres, sin otorgarles valor”. Es así que aproximadamente el 95 % de quienes se dedican a este trabajo son mujeres.

Marcolina, quien conoce esta realidad desde los once años que empezó a trabajar, denuncia que la mayoría de empleadores no tienen la intención de cumplir con sus obligaciones. “No nos reconocen gratificaciones, CTS ni vacaciones”, reclamó.

La informalidad impide acceso a derechos básicos. Según datos del MTPE, pese a que la mayoría tiene entre 48 y 52 años, muchas no están afiliadas al sistema de pensiones ni a EsSalud.

Justamente, la mayoría de solicitudes o consultas que recibe la secretaria general de la SINTTRAHOL, son por problemas con las liquidaciones, seguros, vacaciones completas o feriados.

“Muchas dejan de lado sus propias vidas, no tienen familia, y de ahí, como adultas mayores al no haber aportado al Sistema Nacional de Pensiones, se quedan en el aire”, relata Marcolina Infante.

Sunafil puede demorar desde tres meses hasta dos años en atender un caso, según relatan las trabajadoras del sindicato SINTTRAHOL. Muchas de ellas han acompañado procesos, otras los han vivido en carne propia. En ese tiempo, la mayoría ya tuvo que buscar otro empleo, mudarse o resignarse a perder el dinero que les corresponde.

“Hay compañeras que simplemente dejan el caso. No pueden esperar tanto. Tienen que volver a trabajar”, cuenta Marcolina Infante, secretaria general del gremio.

Carmen, trabajadora del hogar, enfrentó uno de esos procesos. Siete años de litigio contra un ex empleador que decidió no pagarle por los más de diez años que prestó su servicio. “Como era una persona influyente, apelaba y apelaba. No quería pagar. Me acusó de robar cosas de su casa. Pero seguí hasta el final”, narró.

No todas tienen esa posibilidad. Muchas, especialmente las adultas mayores, terminan conciliando por montos menores, no porque sea justo, sino porque no pueden seguir esperando.

El abogado Joel Cáceres señala que el sistema judicial también contribuye a esta cadena de abandono. “No hay procesos especializados ni rápidos para trabajadoras del hogar. Todo se trata como si fueran casos comunes, sin considerar su condición de vulnerabilidad.”

Y cuando finalmente se gana, no hay garantía de que se cobre. “Ejecutar una sentencia puede demorar tanto como ganarla. Es absurdo”, advierte el abogado Javier Mujica.

Pero todo empieza mucho antes del juicio. Reclamar un derecho implica un riesgo para muchas. “Si yo estoy en su casa, es como si fuera parte de su propiedad. Así piensan”, dice Lucía Guevara, trabajadora del hogar. Estar sola en el domicilio del empleador las hace sentir más expuestas a posibles represalias.

Ese miedo, además, se mezcla con la dependencia económica. “A veces una denuncia te toma tanto tiempo que prefieres buscar otro trabajo. Si no trabajamos, no comemos. Es así de simple”, afirma Carmen.

Los especialistas coinciden en que hay medidas que se pueden adoptar para mejorar la situación. Javier Mujica plantea aumentar el número de inspectores laborales, mejorar la coordinación entre entidades y elevar las multas. “Hoy, las multas no superan los mil soles. Eso no disuade a nadie”. Joel Cáceres, por su parte, considera que el acompañamiento institucional debe fortalecerse.

“Necesitamos capacitación, difusión, atención en todo el país. No solo para las que están organizadas en el sindicato”, afirma Marcolina Infante, secretaria general del SINTTRAHOL.

Desde el sindicato, junto a otras organizaciones como FENTRAHOGARP, CCTH e IPROFOTH, exigen al Estado que garantice una cobertura previsional especialmente para las adultas mayores que no acceden a una pensión tras años de trabajo no reconocido. También proponen adecuar la normativa de seguridad social, para permitir la afiliación efectiva de trabajadoras que laboran por días u horas, muchas veces con más de un empleador.

Ese escenario, de informalidad, múltiples empleadores, aportes irregulares y ausencia de contrato, es parte estructural del sector. Por eso, sus aportes a la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, con propuestas que reconozcan esa pluralidad laboral, promuevan pensiones no contributivas para quienes están en pobreza y revisen los criterios de edad y aporte según la realidad del trabajo del hogar.