El paro acatado por los mineros informales se radicaliza. Cientos de camiones varados, alimentos malogrados y pasajeros que bajan de los buses —incluso con niños en brazos— se han convertido en parte del paisaje de la Panamericana Sur, donde intentan sortear los piquetes instalados a lo largo de la vía.
Ya son 11 días consecutivos de bloqueos, en los que los manifestantes apenas otorgan dos horas de tregua al día. Este breve periodo resulta insuficiente ante la gran cantidad de vehículos que buscan llegar a su destino.
Para el exdirector de la Policía Nacional del Perú, general (r) Eduardo Pérez Rocha, el Gobierno de Dina Boluarte debería actuar con mayor eficacia para desbloquear las carreteras. Además, recordó que los responsables de estas acciones podrían ser denunciados por el delito de extorsión.
“Acá vemos que nadie está solicitando autorización para cerrar las vías públicas. Lo segundo, el artículo 200, por si acaso del Código Penal, que es extorsión. El año 2015 incluyó un tercer párrafo que decía la persona que para conseguir algo para aspecto personal o grupal obstruya en vías públicas, impidan el libre tránsito de los vehículos. La pena es no menos de cinco hasta 15 años”, recordó el general (r) PNP en entrevista con Exitosa.
El general también advirtió que las penas se agravan si es que la propiedad sufre daños. Como el caso de los transportistas que llevan leche, alimentos perecibles y otros productos.
Pérez Rocha cuestionó que no se ordene a la PNP ejecutar la detención de los manifestantes, probablemente por la cercanía a la época electoral.
Consideró que si no se toman las medidas para terminar con los bloqueos pronto, la violencia escalará y podría haber personas fallecidas.
“Estamos viendo, que te digo que esto va a escalar y lamentablemente puede traer problemas de pérdida de vidas, lesiones. Y esto es lo que estamos viendo como posibilidad, porque no hay ninguna medida que ampare y disponga el Ejecutivo, que es el que le corresponde”, agregó.
Lamentablemente, no pasó mucho tiempo para que las proyecciones del general Pérez Rocha se hicieran realidad. En Chala, Arequipa, se registró enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la PNP que llegaron a la zona para desbloquear la vía, se confirmó una persona fallecida por herida de bala.
Pasajeros afectados por vías bloqueadas en la Panamericana Sur
Cientos de pasajeros continúan varados en los terminales terrestres de Lima debido a los bloqueos en la Panamericana Sur provocados por el paro minero, que ya suma más de diez días. La protesta de mineros informales y artesanales, que exigen la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) o la aprobación de una nueva Ley MAPE, ha paralizado el transporte hacia el sur del país. Los destinos más afectados son Arequipa, Puno y Tacna, imposibilitados de recibir buses provenientes de la capital ante la incertidumbre sobre la duración de los bloqueos.
En este contexto, las empresas de transporte interprovincial siguen vendiendo pasajes, pero con condiciones especiales. En el terminal de la empresa Flores, usuarios reportan esperas de más de dos días sin poder viajar. Los boletos se venden con advertencias: si el bus no parte por los bloqueos, la salida será reprogramada, pero no habrá posibilidad de reembolso. Además, los precios han subido abruptamente. Un grupo de pasajeros venezolanos relató que el costo de los pasajes a Arequipa pasó de 70 a 90 soles en menos de una hora, sin explicación clara por parte de la empresa.
La molestia entre los clientes es notoria. Muchos provienen de otros países o departamentos y han quedado atrapados en la capital peruana en tránsito hacia otras ciudades del sur. También hay familias varadas en ciudades como Tacna, que no pueden regresar a Lima por la suspensión de servicios originada por el paro.
El origen del conflicto se relaciona con la decisión del Gobierno de Dina Boluarte de anular más de 50.000 registros Reinfo, por vencer el plazo legal. Para el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco, la protesta no solo busca proteger fuentes de trabajo, sino también un derecho.
El dirigente advirtió que la radicalización de las medidas continuará si no se atienden sus pedidos: prórroga del registro, reducción de requisitos burocráticos y la aprobación de una ley específica para el sector.
Mientras el Ejecutivo defiende la medida como necesaria contra la minería ilegal, algunos congresistas impulsan sesiones extraordinarias para debatir una salida legal al conflicto. Analistas advierten que los bloqueos podrían agravarse, ya que existen intereses y liderazgos políticos locales detrás de las protestas.
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