El avance de la minería informal en el Perú ha desencadenado episodios de violencia extrema, como los registrados en Pataz, donde decenas de personas han sido asesinadas en enfrentamientos entre mineros ilegales vinculados a organizaciones delictivas, la empresa formal que opera en la zona y mineros artesanales e informales.
Este fenómeno no solo amenaza la seguridad de las comunidades, sino que también pone en riesgo el patrimonio histórico nacional, como lo evidencia la reciente reducción del área protegida de las Líneas de Nazca, una medida que, pese a su reversión, mantiene la preocupación sobre la integridad de estos sitios frente a la “fiebre del oro”.
Reducción de áreas protegidas reaviva debate sobre minería y patrimonio
La matriz de los conflictos sociales en las regiones mineras peruanas ha experimentado una transformación profunda. Mientras que en los años 80 la conflictividad se centraba en demandas sindicales, en las últimas dos décadas el debate giró en torno a la defensa del territorio, la agricultura y el agua por parte de las comunidades.
Actualmente, el eje del conflicto se ha desplazado hacia la disputa por el control territorial y los beneficios económicos entre mineros informales, empresas formales y comunidades afectadas. Casos como los de Pataz y Nasca ilustran los peligros asociados a este auge de la minería informal y abiertamente ilegal.
Prórroga para formalización minera desata protestas en Lima
El proceso de formalización minera, lejos de resolverse, ha generado nuevas controversias. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) extendió hasta diciembre de 2025 el plazo para que los mineros informales y de pequeña escala se inscriban en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en un contexto marcado por protestas de mineros en la ciudad de Lima.
Esta prórroga refleja la complejidad de regularizar una actividad que, en muchos casos, opera al margen de la ley y en abierta confrontación con empresas y comunidades. A este escenario se suma la tendencia a la desregulación ambiental. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha impulsado desde 2013 una serie de decretos y leyes que han debilitado la legislación ambiental y la protección de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas.
Desregulación ambiental impulsa conflictos en regiones mineras
El 31 de marzo se presentó un nuevo paquete de 402 medidas orientadas a eliminar “barreras burocráticas”, optimizar procedimientos administrativos y suprimir procesos, bajo el argumento de promover inversiones. Esta política, definida como un “shock permanente”, se basa en la premisa errónea de que los trámites ambientales son responsables de las demoras en los proyectos mineros, cuando en realidad los retrasos suelen deberse a deficiencias en la información presentada por las propias empresas.
En este contexto, el 36 Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) abordará estas problemáticas en un evento que reunirá a Paul E. Maquet (vocero de CooperAcción), Mirtha Vásquez (abogada de Grufides y expresidenta del Consejo de Ministros), David Velazco (director de Fedepaz) y Daniel Hernando (investigador en minería ilegal e informal). La cita será el jueves 17 de julio a las 8:30 en el Hotel Meliá, Sala Caral, Av. Salaverry 2599, San Isidro.
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