
La propuesta para permitir un retiro extraordinario de hasta 10.700 soles (equivalente a 2 UIT) para los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sigue generando debate en el Congreso de la República del Perú y atención entre los más de 4 millones de aportantes del sistema nacional de pensiones. El proyecto fue presentado formalmente por el congresista Elías Marcial Varas, de la bancada Juntos por el Perú, y la noticia fue reportada por el diario La República, medio que recogió los detalles de la iniciativa legislativa y las inquietudes de los afiliados.
A continuación, se detallan los aspectos centrales de la propuesta, los requisitos planteados para acceder al retiro, el contexto del sistema previsional en el Perú y las posturas enfrentadas sobre este tipo de medidas extraordinarias.
¿En qué consiste la propuesta de retiro de 10.700 soles de la ONP?
La medida legislativa propone autorizar un retiro único de hasta 10.700 soles de los fondos previsionales administrados por la ONP. El monto equivale a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), cada una valorizada actualmente en 5.350 soles para 2025, sumando el total sugerido.
Según el texto del proyecto, el desembolso se realizaría en dos etapas: en la primera se entregaría una UIT (5.350 soles), mientras que la segunda UIT se abonaría 30 días después del primer pago. Este esquema busca, según el congresista Varas, dar un alivio progresivo a la economía de los afiliados sin afectar drásticamente la liquidez del sistema nacional de pensiones.

La propuesta parte de la idea de dar un trato similar a los afiliados de la ONP respecto a quienes están en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), donde en los últimos años se aprobaron varios retiros extraordinarios que llegaron a sumar hasta 20.600 soles (4 UIT) por persona en algunos casos.
Requisitos para acceder al retiro ONP de 10.700 soles
El proyecto de ley plantea criterios claros para definir quiénes podrían beneficiarse del retiro extraordinario. Entre los requisitos más importantes destacan:
- No haber recibido el Bono de Reconocimiento. Este bono fue un beneficio otorgado para quienes migraron del sistema nacional de pensiones (ONP) al privado (AFP), con el fin de reconocer sus aportes previos.
- No estar percibiendo actualmente una pensión. Quienes ya reciben pensión de jubilación, invalidez o sobrevivencia del sistema nacional de pensiones quedarían excluidos del retiro extraordinario.
- No haber iniciado un trámite de migración hacia una AFP. Afiliados en proceso de trasladarse al sistema privado tampoco serían elegibles.
El objetivo declarado de estos requisitos es focalizar el beneficio en aquellos afiliados que se encuentran actualmente en situación de mayor vulnerabilidad económica y que no cuentan con otro mecanismo de protección previsional.

Contexto: ONP y AFP en el sistema previsional peruano
La ONP administra el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), un esquema de reparto donde los aportes de los trabajadores en actividad financian las pensiones de los jubilados. A diferencia del sistema privado de pensiones (AFP), en la ONP no hay cuentas individuales que acumulen un fondo personal, sino un fondo común.
Este diseño ha generado un intenso debate sobre la viabilidad de los retiros extraordinarios. Mientras en las AFP los retiros se hacen de los fondos acumulados en la cuenta personal del afiliado, en la ONP no existe un monto “propio” por persona, sino un compromiso estatal de pago de pensiones.
Sin embargo, los retiros extraordinarios en las AFP —autorizados en 2020, 2021, 2022 y 2024— han ejercido presión política para ofrecer medidas similares a los afiliados de la ONP, quienes sienten que el trato es desigual.
Críticas y preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema
Especialistas en pensiones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la propia ONP han advertido que retiros de este tipo podrían poner en riesgo la sostenibilidad del sistema nacional de pensiones.
El problema central es que el SNP opera bajo un modelo de reparto con déficit estructural: en 2023, por ejemplo, los aportes de los trabajadores activos no cubrieron el total de las pensiones pagadas, obligando al Estado a cubrir la diferencia con recursos fiscales.

Si se autoriza un retiro masivo de hasta 10.700 soles por persona, los cálculos preliminares del MEF estiman que el costo fiscal podría superar los 15.000 millones de soles si el retiro lo solicitara la mayoría de afiliados elegibles.
En ese sentido, el Ministerio ha señalado que una medida de esta magnitud requeriría fuentes de financiamiento claras o recortes en otros sectores del gasto público.
Expectativas en el Congreso y entre los afiliados
A pesar de las advertencias, la propuesta cuenta con respaldo político en diversos sectores del Congreso, especialmente en bancadas que han promovido iniciativas de retiros de AFP. Según los promotores, la medida es necesaria para aliviar la crisis económica de los trabajadores que no han recibido pensión ni bono y que necesitan recursos líquidos en un contexto de bajo crecimiento económico e inflación elevada.
El proyecto ingresará a la comisión de Economía para su evaluación en los próximos días. Mientras tanto, sindicatos y colectivos de aportantes a la ONP han empezado a movilizarse para exigir su pronta aprobación, reclamando “igualdad de trato” con los afiliados al sistema privado.
En paralelo, gremios empresariales y expertos en políticas públicas alertan que las soluciones parciales y extraordinarias no resuelven el problema de fondo: la necesidad de una reforma integral del sistema de pensiones en el Perú, que incluya mayor cobertura, sostenibilidad financiera y pensiones mínimamente dignas.
Perspectivas: ¿qué viene ahora?
Si el proyecto de retiro extraordinario de 10.700 soles avanza en comisiones, se debatirá en el Pleno del Congreso, donde se requeriría mayoría simple para su aprobación. En caso de aprobarse, el Poder Ejecutivo podría promulgarlo u observarlo. Si se emiten observaciones, el Congreso podría insistir con mayoría calificada.
Por ahora, el debate promete mantenerse vivo, reflejando las tensiones entre la presión social por alivios económicos inmediatos y la preocupación por el futuro del sistema de pensiones en el país.
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