Aprueban proyecto de ley que otorga amnistía a policías y militares procesados en casos de lucha contra el terrorismo

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este martes en segunda votación un controvertido proyecto de ley que establece una amnistía para policías y militares procesados por delitos relacionados con la lucha contra el terrorismo durante el periodo 1980-2000. La medida, que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú (PNP) y Comités de Autodefensa, ha generado un intenso debate en el ámbito político y social.

El dictamen aprobado establece que podrán beneficiarse de esta amnistía siempre que no cuenten con sentencia firme y definitiva, es decir, aquellos que estén denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados al conflicto armado. Además, se incluirá en la medida a los policías y militares mayores de 70 años que ya hayan sido sentenciados por estos delitos.

Según el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, la amnistía responde a la necesidad de “reparar la deuda moral del Estado” con aquellos que participaron en la lucha contra el terrorismo y fueron procesados judicialmente. El congresista también señaló que más de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la PNP podrían beneficiarse de esta amnistía.

Rospigliosi aseguró que la amnistía busca corregir la “violación al plazo razonable” en los procesos judiciales de los policías y militares, a quienes, según su argumento, se les ha negado un juicio justo durante más de tres décadas.

“Este proyecto servirá para hacer justicia con quienes derrotaron al terrorismo, permitiéndoles salir de la incertidumbre judicial en la que se encuentran”, manifestó el congresista de Fuerza Popular. Según el proyecto aprobado, se busca garantizar un cierre a los procesos que se han extendido por años sin una resolución definitiva.

El congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, defendió la amnistía, argumentando que muchos de los procesos judiciales carecen de pruebas y que es inadmisible que se mantengan juicios abiertos durante más de 30 años. A pesar de reconocer que se cometieron “excesos” durante el conflicto, Montoya descartó que haya existido una política sistemática de desapariciones o asesinatos por parte de los militares y policías, asegurando que los excesos cometidos fueron juzgados y castigados.

Sin embargo, la iniciativa no estuvo exenta de críticas. Alex Flores, congresista de Perú Libre, expresó su desacuerdo con la amnistía, argumentando que no se debe otorgar impunidad a aquellos acusados de violar derechos humanos.

“Que no se haya juzgado en su momento o dentro del plazo razonable no puede ser motivo para la impunidad”, señaló Flores, subrayando que muchos de los involucrados en estos casos son responsables de asesinatos extrajudiciales de personas inocentes, como campesinos ajenos al conflicto. Además, criticó que se quiera justificar esta amnistía bajo el argumento de “errores en el sistema judicial”.

La propuesta ahora pasará a ser discutida en el pleno del Congreso, donde se espera que continúen las intensas negociaciones sobre el alcance y los posibles ajustes a la medida. De aprobarse en su totalidad, el proyecto de ley otorgaría un perdón formal a miles de policías y militares involucrados en los procesos relacionados con la lucha contra el terrorismo, generando un debate sobre justicia, reparación y derechos humanos en el Perú.

En junio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno de Dina Boluarte a abstenerse de refrendar el proyecto de ley 7549/2023-CR. A través de un comunicado, el organismo internacional recordó al Estado peruano su obligación, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana, de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

En su comunicado, la CIDH reafirma su solicitud de que se abstengan de aprobar este proyecto de ley, en línea con lo establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que requiere a los Estados implementar las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para garantizar la efectividad de los derechos que en ella se reconocen.