Las políticas promovidas por el Congreso del Perú y respaldadas por el gobierno de Dina Boluarte estarían favoreciendo la expansión del crimen organizado, debilitando las capacidades del Estado para enfrentarlo y afectando la independencia judicial, de acuerdo con el informe “Legislar para la impunidad: Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado”, publicado por Human Rights Watch (HRW).
Según el documento, las decisiones adoptadas por el Parlamento “han obstaculizado investigaciones criminales, debilitado instituciones clave” y revertido avances en la protección ambiental. Además, se indica que el gobierno de la presidenta Boluarte ha facilitado esta agenda y ha recurrido a la declaración de “estados de emergencia”, que suspenden derechos constitucionales, como su principal estrategia de seguridad.
“El ataque del Congreso al Estado de derecho ha dejado a millones de peruanos más vulnerables frente al crimen organizado”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. “El Congreso y el gobierno de Boluarte deben revertir urgentemente estas medidas y proteger los derechos de toda la ciudadanía, acotó.
El informe se elaboró con base en entrevistas a 125 personas, entre ellas fiscales, jueces, policías, defensores ambientales, líderes indígenas, periodistas y funcionarios en Lima, Puerto Maldonado, Pucallpa y Trujillo, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. También analizó 34 leyes y decisiones legislativas y 54 decretos presidenciales.
Además, revisó 34 leyes y proyectos del Congreso del Perú aprobados hasta abril de 2025, 54 decretos presidenciales de ese mismo periodo, así como informes oficiales relacionados con la criminalidad en el país
Congreso debilita justicia frente al crimen organizado
El informe de HRW indica que el Congreso ha tomado decisiones que han debilitado seriamente la independencia y la eficacia del sistema de justicia frente al crimen organizado. Entre 2018 y 2024, los homicidios en Perú aumentaron un 137 %, y las cifras preliminares de 2025 anticipan un nuevo récord. Más de la mitad de los asesinatos registrados en 2024 fueron cometidos por sicarios, y las denuncias de extorsión continúan en niveles históricos.
Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, hasta la fecha se han registrado 1.129 homicidios en el país. Esta cifra refleja la persistencia de la violencia letal y confirma las proyecciones de que 2025 podría cerrar con un nuevo récord en asesinatos.
Human Rights Watch señala que el Congreso ha limitado drásticamente los mecanismos de colaboración eficaz, clave para investigar redes delictivas complejas y vínculos con funcionarios públicos. También ha modificado la definición de “crimen organizado” en el Código Penal, excluyendo delitos de corrupción, ha restringido los allanamientos y ha destituido a jueces y fiscales de alto nivel, obstaculizando investigaciones sensibles.
“Una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos requiere fortalecer, en lugar de debilitar, las herramientas que jueces, fiscales y peritos forenses necesitan para buscar justicia para las víctimas del crimen organizado”, sostuvo Goebertus.
Deforestación y minería ilegal crecen bajo respaldo legislativo, según HRW
El informe documenta que el Congreso ha aprobado leyes que afectan gravemente la protección del medioambiente. En palabras de HRW, el Legislativo “ha legalizado retroactivamente la deforestación ilegal de grandes áreas y blindado a mineros ilegales frente a la persecución penal”.
La minería ilegal, especialmente de oro, ha crecido de manera acelerada en los últimos años y representa el principal delito vinculado al lavado de dinero en el país. Aunque se reconoce que esta actividad puede ofrecer ingresos a personas de bajos recursos, la falta de regulación expone a las comunidades a riesgos graves en salud, ambiente y derechos laborales.
Según la Defensoría del Pueblo, entre 2020 y 2023 casi la mitad de los ataques contra defensores ambientales y líderes indígenas estuvieron relacionados con la minería ilegal. “Las hectáreas afectadas por la minería ilegal aumentan año tras año sin que el Estado reaccione, lo que lleva a estas zonas delitos derivados de ella como la trata de personas, los homicidios y las violaciones”, declaró a HRW un fiscal de alto rango en la Amazonía.
Cuestionan estados de emergencia ante el crimen
Human Rights Watch advierte que el gobierno ha intensificado el uso de estados de emergencia como respuesta al crimen organizado, suspendiendo derechos constitucionales sin obtener resultados tangibles en la reducción de la violencia.
“El gobierno de la presidenta Boluarte ha recurrido cada vez más a los estados de emergencia para enfrentar la criminalidad, lo que ha suspendido derechos constitucionales sin lograr reducir la violencia”, señala el informe.
Además, HRW observa con preocupación recientes medidas legislativas que pueden restringir el trabajo de periodistas independientes y organizaciones civiles. En marzo de 2025, el Congreso aprobó una ley que amplía considerablemente el control del gobierno sobre medios de comunicación y ONG que reciben fondos del extranjero.
Perú deberá demostrar avances institucionales para ingresar a la OCDE
Perú se encuentra actualmente en proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que evalúa el cumplimiento de estándares en gobernanza, Estado de derecho y medioambiente. Más de una decena de comités están revisando el desempeño del país en estos ámbitos.
“La OCDE debe buscar que las autoridades peruanas se comprometan a garantizar la separación de poderes y eliminar obstáculos en la lucha contra el crimen organizado, la destrucción del medioambiente y la corrupción”, concluyó Goebertus.
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