Buses de la empresa Santa Catalina suspenden su servicio por amenazas con dinamita por parte de extorsionadores

La empresa de transporte Santa Catalina, que tiene un paradero principal en San Juan de Lurigancho, suspendió sus operaciones luego de haber recibido una carta extorsiva y la colocación de un cartucho de dinamita en una de sus unidades. El hecho, atribuido a la organización criminal ‘Los injertos de San Juan de Lurigancho’, acentuó el temor entre conductores y trabajadores, quienes denuncian falta de garantías para operar de forma segura.

El pasado viernes, desconocidos dejaron un cartucho de dinamita dentro de uno de los buses de la empresa Santa Catalina. El incidente fue registrado en video y motivó la intervención de la policía, que cercó el vehículo y alertó a los trabajadores de la gravedad de la situación. Este lunes, los extorsionadores hicieron llegar una carta en la que advirtieron sobre nuevas represalias si sus demandas no eran atendidas. En la nota, los delincuentes insistieron en el pago de dinero bajo amenazas explícitas: “Les vamos a meter una dinamita más grande para que vuele el carro. Igual cualquier día dejamos un muerto y no vamos a parar hasta que se alineen”.

Lo particular del mensaje es el uso reiterado de un mismo número de teléfono para el contacto, incluso después de ataques y denuncias previas. Según los conductores, este número coincidió con los utilizados en anteriores extorsiones donde ya hubo un trabajador herido por arma de fuego.

Ante la reiteración de amenazas y nuevos actos violentos, la totalidad de los conductores de Santa Catalina decidió no salir a trabajar. Representantes de los trabajadores señalaron sentirse desprotegidos y sin garantías de seguridad, pues a la extorsión se suma el recuerdo de recientes balaceras en las que resultaron heridos compañeros de la empresa.

Uno de los conductores relató que ese mismo lunes, mientras preparaba su vehículo para iniciar la ruta, fue interceptado y amenazado a punta de pistola por un sujeto que reiteró las advertencias recibidas en la carta extorsiva. La empresa ha detenido sus servicios de manera indefinida, con los vehículos estacionados en el paradero y empleados a la espera de una respuesta efectiva de las autoridades.

Trabajadores y gerentes coincidieron en la necesidad urgente de acciones concretas por parte de las autoridades de seguridad. Señalan que la presencia policial se limita a patrullajes superficiales en la ruta, sin estrategias de protección específicas para quienes operan los buses o sus familias. Los afectados denuncian la falta de resultados en las investigaciones, subrayando que los criminales continúan empleando teléfonos ya identificados en anteriores amenazas.

Varios entrevistados recordaron que otras empresas de transporte en la zona, como las rutas 52 y 57, también han enfrentado extorsiones y, en algunos casos, se ven obligadas a pagar “cupos” para poder operar sin atentados. Este clima de impunidad y temor imposibilita la prestación normal del servicio de transporte, con pérdidas económicas tanto para la empresa como para los propios trabajadores.

Conductores y personal administrativo tambiéne señalaron daños psicológicos entre quienes día a día se ven expuestos a amenazas y ataques. “Vivimos del día a día y salimos a trabajar solo para sobrevivir, con miedo a morir en la ruta”, expresó uno de los conductores a Buenos Días Perú con más de cuatro décadas de antigüedad en la empresa.