Denuncian penalmente a Dina Boluarte y ministros por aumento de sueldo presidencial a más de S/35 mil

El aumento de sueldo a Dina Boluarte continúa generando rechazo en la población. El partido Voces del Pueblo interpuso una denuncia penal contra la presidenta y sus 18 ministros. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esta organización política formalizó la acusación ante la Fiscalía, señalando que la mandataria habría autorizado, mediante Decreto Supremo, un incremento de su remuneración mensual a S/35.568, valor que supera el tope permitido por ley.

La denuncia, a la que accedió La República y fue presentada por los dirigentes Ronald Atencio Sotomayor y Luis Trinidad Abarca, apunta a los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El documento sostiene que Boluarte habría infringido la Ley N° 28212, norma que establece que la remuneración máxima del presidente de la República no debe exceder las diez Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), equivalentes actualmente a S/26.000.

Detallan que la firma del Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, aprobado con el voto del Consejo de Ministros y refrendado por la propia presidenta y el ministro de Economía, contraviene de manera directa ese límite. El texto denuncia que esta autorización vulnera el principio de jerarquía normativa, pues un decreto de menor rango normativo estaría modificando —de manera tácita— una ley vigente, lo cual resulta jurídicamente inválido.

En la documentación presentada, también se resalta que la presidenta y su gabinete habrían cometido abuso del poder normativo, distorsionando los principios de equidad, austeridad y legalidad en la función pública. Según los denunciantes, la medida no solo otorga un beneficio económico directo a la titular del Ejecutivo sino que compromete fondos estatales para fines personales.

Cabe mencionar que la denuncia no se limita a la figura presidencial. Los 18 ministros del gabinete han sido incluidos en la acusación al considerarse partícipes en la elaboración, aprobación y refrendo del mencionado decreto. Según el documento, los ministros, al intervenir y aprobar la compensación económica, cometieron —de manera consciente— una acción que sabían ilegal. La denuncia enfatiza que, tanto la presidenta como los miembros del Consejo de Ministros, se interesaron en los resultados económicos derivados de la norma impugnada, beneficiando a una integrante de su propio órgano decisor: la jefa de Estado.

A la par de la denuncia penal, en el Congreso se han intensificado los esfuerzos para revertir la decisión que benefició económicamente a Dina Boluarte. Hasta el momento, se han registrado por lo menos ocho proyectos de ley destinados a dejar sin efecto el aumento aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF. Estas iniciativas han surgido de diversos grupos parlamentarios y reflejan el rechazo y la preocupación que generó la medida en la opinión pública y en el propio Legislativo.

Las propuestas legislativas abordan distintas formas de revocar el incremento salarial. Algunas buscan la derogación directa del decreto que dispone la nueva escala remunerativa; otras apuntan a modificar aspectos específicos de la Ley N° 28212 para reforzar el tope a la remuneración presidencial y establecer mecanismos más estrictos de fiscalización y transparencia en el establecimiento de sueldos públicos.