Mónica Delta es denunciada penalmente por Juan José Santiváñez: exministro acusa a la periodista y su equipo de ‘reglaje’

Juan José Santiváñez, el exministro del Interior y actual jefe de la Oficina de Monitoreo Gubernamental del Despacho Presidencial, denunció penalmente a cuatro periodistas de Latina Televisión, acusándolos del presunto delito de “reglaje”. La acción penal incluye a Mónica Delta, conductora del programa dominical Punto Final; Juan Subauste, director del programa; Carlos Hidalgo, reportero; y Jorge Ramírez, camarógrafo, además de la empresa Latina Televisión.

La medida fue presentada luego de la difusión de un reportaje titulado “Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio”, donde se exhibieron imágenes del exministro, así como de su vehículo y desplazamientos, tomadas en espacios públicos. Pese a ser una figura pública de notable importancia, —no solo por haber sido ministro y mantenerse en el círculo cercano de la presidenta Dina Boluarte, sino al conocerse que mantiene reuniones con distintos funcionarios como congresistas, alcaldes y ministros— alegó un presunto reglaje.

Sostuvo que las imágenes del reportaje fueron grabadas sin su consentimiento y que los periodistas habrían actuado en complicidad con una presunta banda criminal dedicada a la extorsión. Según el funcionario, el material audiovisual fue ejecutado con la finalidad de amedrentarlo, y la sanción penal contemplaría penas de entre tres y seis años de prisión de acuerdo con la legislación vigente.

Frente a la denuncia, Mónica Delta negó que exista algún sustento legal para la acusación contra el equipo periodístico de Latina y consideró que se trata de un intento de intimidación. “Lo que pretende esta denuncia es intimidar y amedrentar las libertades. No es la primera vez en el gobierno de Dina Boluarte”, afirmó durante la emisión de ‘Buenas Nuevas, Malas Nuevas’.

La periodista también señaló que el reportaje forma parte de un ejercicio periodístico legítimo y respaldado por la ley, especialmente tratándose de un funcionario público con presencia permanente en Palacio de Gobierno. “Estamos hablando de un personaje público que ha sido ministro del Interior, ha sido censurado por el Congreso y se le ha creado un puesto para que siga cerca del poder, recibe ministros, recibe funcionarios, es periodismo puro lo que se ha hecho el domingo”, explicó.

Latina Televisión, a través de un comunicado oficial, lamentó el “más reciente acto de amedrentamiento del gobierno de la presidenta Dina Boluarte” contra periodistas del medio. La empresa señaló que la denuncia es una represalia por la emisión de un reportaje que expuso la influencia de Santiváñez en la toma de decisiones públicas y sostuvo que la libertad informativa se ve afectada “sistemática y reiteradamente” por el gobierno. Latina también reafirmó su respaldo a los acusados y alertó sobre la afectación del derecho de los ciudadanos a recibir información de interés público.

La denuncia penal del funcionario originaron respuestas de diversos gremios y entidades vinculadas a la libertad de prensa y la defensa del periodismo. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) publicó un comunicado calificando la denuncia de maniobra intimidatoria. La organización sostuvo que la cobertura realizada por los periodistas corresponde a un trabajo legítimo de información en espacios públicos, amparado en la legislación internacional sobre libertad de prensa e información.

Según el IPYS, el recurso penal presentado por Santiváñez se produce en un contexto de tensión entre el gobierno y los medios de comunicación, y responde a una actitud crítica adoptada por el canal frente al poder político.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) también expresó su enérgico rechazo y preocupación por la denuncia penal presentada contra el equipo periodístico de Latina Televisión. “Consideramos esta acción un grave atentado contra la libertad de prensa y un intento inaceptable de intimidar a quienes ejercen el periodismo investigativo”, expresaron y advirtieron sobre el peligro de recurrir al sistema penal para silenciar voces críticas o incómodas y recordó el rol fundamental que cumplen los medios en una sociedad democrática.