Pedido de 35 años de cárcel para Keiko Fujimori no es sorpresivo, señala Rafael Vela: “Hubo que reestructurar una megaacusación”

El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, declaró este jueves que el pedido de 35 años de prisión para la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no constituye una sorpresa, sino que obedece a una compleja adecuación a mandatos judiciales emitidos por el Tribunal Constitucional (TC).

“La acusación no es sorpresiva en su presentación, de hecho había un plazo legal (...) había un juzgado constitucional que ya estaba estableciendo plazos para el cumplimiento de esa sentencia. Lo primero que hay que decir es que esto no es sino el cumplimiento de un mandato judicial complejo, porque había que reestructurar una megaacusación”, afirmó durante una entrevista en Canal N.

El fiscal explicó que la nueva formulación de cargos por parte del Ministerio Público responde a una sentencia específica del TC, que ordenó anular la acusación contra José Chlimper, al alegar que no se le permitió conocer oportunamente todos los cargos imputados. En línea con esta decisión del máximo intérprete de la Constitución, la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial confirmó el pasado 3 de abril la anulación del proceso penal contra Fujimori.

“La necesidad de que la acusación se haya reestructurado se ha hecho a partir de decisiones del TC, una específica que se da en el caso del señor Chlimper. A partir de los parámetros que fija el TC, ciertamente, en cumplimiento de esa sentencia que criticamos, objetamos y que debemos cumplir, el juzgado constitucional que se encarga de ejecutar la decisión del TC determina a la Fiscalía a que elabore una nueva acusación conforme a esas instrucciones o parámetros que el TC ordena”, señaló.

Vela sostuvo que la nueva acusación “obedece precisamente a los límites que ha establecido el TC” y que, como resultado, el equipo fiscal debió “redimensionar la acusación con personas que se puedan incluir dentro de dichos parámetros”, lo cual redujo el número de acusados.

“Dentro de lo que fue la acusación inicial, hay una menor cantidad de personas que se encuentran acusadas. Hay personas contra las cuales ya no se puede continuar con la acusación penal —19 excluidas— y son solo 16 las que están incluidas dentro de la acusación”, precisó.

Finalmente, el fiscal contextualizó la reformulación de cargos en el entorno político y judicial que involucra a Fujimori. “Esto se da en el contexto sobre la permanente búsqueda de entorpecer la acción de la justicia de un lado, pero también de ejercer sus propios derechos procesales inclusive hasta en el TC”, puntualizó.

En esta nueva acusación, el Ministerio Público incluyó a la excandidata presidencial junto a los exdirigentes fujimoristas Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona y Augusto Bedoya. También se imputó a su exesposo, Mark Vito Villanella, así como a Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera. Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces fueron incluidas en calidad de personas jurídicas.

Además de los 35 años de prisión solicitados para Fujimori, el Ministerio Público pidió la imposición de 730 días multa, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

Anteriormente, la Fiscalía había requerido 30 años de cárcel en este mismo caso, conocido como ‘Cócteles’, relacionado con la supuesta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016. Según la acusación, entre los aportantes figuran la constructora brasileña Odebrecht y diversos conglomerados económicos peruanos, aunque el partido sostiene que los fondos fueron recaudados mediante eventos sociales organizados por simpatizantes.