El Congreso del Perú se niega a una reforma de raíz: ¿Por qué evita el cambio pese al 93% de rechazo ciudadano?

El Congreso de la República sigue siendo una de las instituciones con peor imagen ante la opinión pública. El 93% de la ciudadanía desaprueba su gestión, según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de mayo de 2025, una cifra que se mantiene en niveles críticos desde hace más de un año. El descontento se extiende en todos los niveles socioeconómicos, regiones y edades, y no parece haber voluntad desde el Parlamento para revertir esa percepción. La mayoría de peruanos considera que el Congreso no representa sus intereses ni actúa con transparencia, pero solo el 44% justifica su cierre inmediato.

En este contexto, surge una pregunta inevitable: ¿Por qué el Congreso no se reforma a sí mismo a pesar de sus crisis institucionales, escándalos mediáticos y una calidad legislativa cada vez más cuestionada? Un análisis elaborado por el abogado y especialista legal Eder Luis Velásquez Dávila en el portal LP Derecho ayuda a desentrañar esta resistencia estructural al cambio, poniendo en evidencia los vicios internos que sostienen la mala gestión en el Parlamento peruano.

Uno de los pilares del desprestigio congresal es la proliferación de escándalos vinculados a nepotismo, contrataciones irregulares y abusos de poder. El Congreso, al estar excluido de la Ley Servir y otros marcos de control de la administración pública, opera bajo un régimen de autonomía constitucional que le permite contratar personal sin concursos públicos ni procesos meritocráticos.

Este modelo ha facilitado la contratación de al menos 30 grupos familiares dentro de la planilla legislativa. Padres e hijos, hermanos y hasta cuñados figuran en diferentes oficinas del Parlamento sin mayores requisitos formales. Más allá de los casos puntuales, esta práctica es parte estructural del sistema de contrataciones, que prioriza lealtades políticas por sobre la idoneidad profesional.

Otro caso emblemático fue el de Michael Urtecho, excongresista condenado a 22 años de prisión por apropiarse de parte del sueldo de sus trabajadores, una modalidad conocida como "mochasueldos“. A pesar de la gravedad del caso, su destitución fue una excepción. Hoy existen al menos nueve congresistas denunciados por prácticas similares, pero ninguno ha sido sancionado por el Pleno, evidenciando un sistema de blindaje interno.

En 2025, incluso salió a la luz una presunta red de prostitución vinculada al Congreso, tras el asesinato de Andrea Vidal, abogada y extrabajadora parlamentaria. La investigación reveló que algunas personas ingresaron al Legislativo con documentos falsos y que mantenían doble actividad laboral y sexual en horario de oficina. El caso reforzó la percepción de que los controles internos son inexistentes o fácilmente eludibles.

Según el análisis de Velásquez Dávila en LP Derecho, otra de las causas centrales de esta crisis es la ausencia de concursos públicos y un régimen laboral basado casi exclusivamente en cargos de confianza. Desde hace más de 12 años, el Congreso no convoca a procesos de selección abiertos para sus plazas administrativas ni técnicas. En su lugar, se usa la figura del “personal de confianza”, regulada por acuerdos internos como el Acuerdo de Mesa 072-2022-2023, que permite contratar sin requisitos mínimos.

Esta falta de meritocracia repercute directamente en la calidad de la legislación. Sin personal técnico calificado, el Congreso delega continuamente al Ejecutivo la elaboración de normas complejas mediante decretos legislativos, especialmente en temas como tributación, inversiones o reformas administrativas. La dependencia de asesorías externas o políticas ha llevado a que muchas leyes sean declaradas inconstitucionales o inaplicables por su pobre sustento técnico.

A esto se suma que no existe una Oficina de Calidad Legislativa con funciones vinculantes ni una carrera parlamentaria institucionalizada. La falta de evaluaciones, formación continua y profesionalización ha convertido al Congreso en una entidad vulnerable a la improvisación y al populismo normativo.

Velásquez propone, entre otras reformas, implementar un sistema meritocrático con concursos obligatorios, crear una carrera parlamentaria con ascensos por evaluación, y reforzar los mecanismos internos de control y participación ciudadana. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas medidas ha sido seriamente debatida en el Pleno.

La razón principal de esta inacción parece ser política: una mayor transparencia y profesionalización limitaría las redes de poder informales que hoy controlan el aparato congresal.