El congresista Alejandro Muñante, con el respaldo de sus colegas de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley para declarar en “reorganización y emergencia” el Ministerio Público por 12 meses. En realidad se trata de un nuevo intento por descabezar la Fiscalía de la Nación, deshacerse de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los demás fiscales supremos.
Al mismo estilo de la dictadura de Alberto Fujimori donde fueron cesados magistrados incómodos al régimen, la iniciativa plantea suspender sin motivo alguno a Delia Espinoza y los fiscales supremos Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Tomás Gálvez.
Pese a que no se precisa un motivo concreto o presunta falta disciplinaria, el proyecto establece que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) “resolverá la situación jurídica” de los referidos fiscales supremos.
La iniciativa no habla de destitución o cese de los fiscales supremos; sin embargo, se menciona que la declaratoria de emergencia culmina cuando la JNJ “haya elegido a los nuevos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos”.
Según el proyecto, mientras dure la “reorganización”, la JNJ nombrará una “Junta Transitoria de Fiscales Supremos”, que asumirá las funciones de la Junta de Fiscales Supremos.
El texto no menciona qué pasará con las investigaciones a cargo de los fiscales supremos mientras dure la intervención.
La persecución
La “Junta Transitoria de Fiscales Supremos” tendría la facultad de proponer a la JNJ iniciar procesos disciplinarios con suspensión preventiva de fiscales de todos los niveles “que se encuentren comprometidos en hechos graves”.
Nuevamente, el texto deja abierta la puerta para la instrumentalización y persecución de la facultad disciplinaria, tal como ocurrió en la dictadura fujimorista.
El texto también plantea que la “Junta Transitoria de Fiscales Supremos” deberá presentar al Congreso un proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público y de la Ley de la Carrera Fiscal.
Lo más absurdo viene a continuación. Según el proyecto, si el Parlamento no aprueba los textos enviados en un plazo de 60 días, “se dará por aprobada la versión enviada”. Un desconocimiento total del procedimiento legislativo.
¿Motivos?
La exposición de motivos brilla por la subjetividad plasmada y los errores al citar artículos de la Constitución.
Según el documento, el Congreso debe intervenir el Ministerio Público porque “la mayoría de ciudadanos ya no confía en el sistema de administración de justicia”. Esto porque un 70% de los peruanos dice confiar poco o nada en el Poder Judicial y el Ministerio Público, según un estudio del IEP. Muñante omite que, según la misma casa encuestadora, el Parlamento tiene una desaprobación del más del 90%.
Luego, la exposición de motivos está repleta de más subjetividades, como un supuesto uso político del Ministerio Público, así como una supuesta inclinación ideológica “caviar”.
En un punto específico se intenta justificar el descabezamiento del Ministerio Público por el caso Odebrecht en el Perú. Señalan de un “rol entreguista” por el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la constructora. Nuevamente, se omite mencionar que Renovación Popular viene siendo procesado por sus vínculos con la megratrama de corrupción.
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