El Congreso aprobó la esperada tarifa única del gas natural. Pero lo hizo recortando su alcance: excluyó a los grandes consumidores, justamente quienes podían viabilizar la expansión del mercado. Lo que debía ser una herramienta de integración energética terminó siendo un subsidio simbólico, sin escala ni impacto real.
La masificación del gas natural en el Perú busca cerrar brechas energéticas y descentralizar la competitividad. Uno de los pasos clave era la aprobación de la tarifa única nacional, con un objetivo sencillo, pero ambicioso: igualar el precio del gas natural en todo el país mediante subsidios cruzados, para que las regiones accedan al recurso en condiciones similares a las de Lima y Callao.
La lógica técnica era clara: reducir el costo del gas natural en regiones lo haría competitivo frente a combustibles alternativos como el GLP o el diésel. Esto debía incentivar inversiones en infraestructura downstream (ductos de transporte, redes de distribución) para su comercialización y fortalecer un mercado regional robusto.
Entre 2022 y 2023, se presentaron múltiples proyectos de ley para implementar esta medida. Todos enfrentaron objeciones, principalmente por discrepancia en torno al umbral de consumo que definiría quién accede al subsidio. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) propuso inicialmente un límite de 90,000 m³/mes, incluyendo a industrias medianas, grandes comercios y distribuidores de GNV. Pero en marzo de este año, el Congreso aprobó una versión reducida: bajó el umbral a 50,000 m³/mes, excluyendo a los grandes consumidores.
Este cambio limita la escala de demanda necesaria para viabilizar infraestructura energética a nivel regional. Según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), este diseño podría frenar inversiones de hasta US$ 6,000 millones en cinco años, 40% de ellas en proyectos petroquímicos. Promigas Perú alertó que este diseño solo atraerá usuarios del tamaño de una bodega, cuando lo que se necesita son industrias que puedan sostener la infraestructura.
Empresas como Quavii, operadora en el norte del país, han advertido que esta exclusión pone en riesgo la masificación hacia regiones como Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. Según su informe, una tarifa única bien implementada podría reducir tarifas regionales hasta en un 50%.
El diseño actual genera un círculo vicioso: sin gran demanda, no hay incentivos para inversiones; sin inversiones, no hay infraestructura; sin infraestructura, el gas natural no llega. Cada usuario absorberá más costos, elevando las tarifas residenciales en el mediano plazo. Así, el subsidio pensado para ampliar el acceso termina reforzando las mismas barreras.
Revertir esta situación requerirá voluntad política y rediseñar el subsidio: escalonado, focalizado a zonas donde haya menos acceso, o vinculado a proyectos industriales. Pero hoy, la ley aprobada desvirtúa el objetivo original. Cualquier cambio podría demorar otro ciclo legislativo. Pero no se puede postergar el debate: en política energética, los errores de diseño cuestan caro y duran años. Y sin escala, la masificación del gas seguirá siendo una promesa vacía.
Columna escrita por Daniela Santander, Analista senior de economía y energía de Videnza Instituto, y por Juan José Collantes, Analista de datos de Videnza Instituto
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