En la ciudad de Chimbote, un hecho de violencia policial conmocionó a la comunidad. Un agente identificado como Javier Reyna de la Cruz agredió brutalmente a Washington Chang Suárez, un joven de 19 años, tras hallarlo conversando con su hija menor de edad. Según los testimonios, el policía utilizó la cacha de su arma de fuego para golpear reiteradamente al joven, quien quedó inconsciente a raíz del ataque.
La madre de la víctima, Emma Juárez, relató a Latina Noticias que el agente no solo atacó a su hijo, sino que también lo amenazó de muerte. “Con la cacha del revólver lo golpeó y lo apuntaba. Decía: ‘Te voy a matar’”, señaló Juárez. Chang Suárez fue trasladado envuelto en una sábana al Hospital La Caleta, donde permanece en observación por las lesiones en la cabeza.
El incidente se produjo en un inmueble ubicado en la Avenida Buenos Aires, propiedad de la abuela del joven. Testigos aseguran que el joven nunca estuvo solo con la menor y que la conversación ocurrió en presencia de adultos. Personas que presenciaron la agresión intentaron intervenir y agredieron al policía, quien finalmente fue intervenido por sus compañeros. Pese a la gravedad del ataque, el agente fue liberado horas después de su detención, lo que generó indignación en la familia y vecinos.
Un caso que ejemplifica una crisis institucional
La agresión en Chimbote no es un hecho aislado. Los registros oficiales muestran la frecuencia de este tipo de abusos cometidos por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP). Entre enero y febrero de este año se reportaron 698 denuncias de conductas indebidas por parte del personal policial, de las cuales un 36% fueron por negligencia y casi un 25% por abuso de autoridad. Además, se contabilizaron casos donde policías se negaron a recibir denuncias, maltrataron verbalmente a ciudadanos e incluso realizaron actividades ajenas al servicio que dañan la imagen institucional.
El informe también consigna denuncias gravísimas, como el uso innecesario de la fuerza, hostigamiento sexual y consumo de sustancias ilícitas durante el servicio. En total, la variedad y gravedad de estas situaciones reflejan graves falencias en la disciplina y control dentro de la institución. El jefe policial de Chimbote, coronel Domingo Salazar, reconoció la agresión y admitió que se utilizó un “objeto contundente” —la cacha del arma—, lo que provocó lesiones severas en la cabeza de la víctima.
La familia de Chang Suárez pide justicia y una sanción ejemplar para el agresor. “Eso es homicidio, lo han querido matar a mi hijo”, denunció la madre, mientras el joven permanece hospitalizado.
Una población con poca confianza en sus autoridades
La respuesta institucional ante el caso de Chimbote ilustra el clima de desconfianza hacia la PNP. De acuerdo con una encuesta de CPI publicada en noviembre pasado, el 91,7% de los peruanos expresa una confianza moderada o nula hacia la policía. Esta percepción negativa persiste pese a los esfuerzos oficiales por implementar reformas internas y endurecer sanciones, especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Las estadísticas y la persistencia de casos como el de Chimbote evidencian una desconexión entre el discurso oficial y la experiencia ciudadana. Familias como la de Chang Suárez exigen no solo justicia individual, sino también cambios estructurales para frenar los abusos de autoridad y recuperar la confianza en la institución policial.
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