Organizadores de la Marcha del Orgullo 2025 denuncian trato discriminatorio de la PNP en cierre del evento en Lima

El colectivo organizador de la Marcha del Orgullo LGTBI 2025 desmintió este lunes la versión de la Policía Nacional (PNP), que había informado sobre un despliegue de efectivos en puntos clave para asegurar la seguridad y el orden público durante la movilización en Lima.

La institución difundió un video en el que informaba sobre el despliegue de personal en “puntos estratégicos” durante la manifestación, que registró una participación superior a 40 mil personas. Según indicó, “se mantuvo el orden público, se protegió la integridad de los participantes y se salvaguardó el patrimonio público y privado”.

“La labor preventiva y profesional de la PNP reafirma su compromiso con la convivencia pacífica y los derechos ciudadanos”, agregó en la publicación en X (antes Twitter). No obstante, el colectivo organizador rechazó esta versión y acusó a las autoridades de incumplir compromisos logísticos y actuar con discriminación.

En la misma plataforma social, la organización denunció que la PNP no cerró todas las calles, excepto algunas intersecciones, y que agentes del distrito de Jesús María impidieron el acceso a camerinos. Al finalizar el evento, además, expulsaron a los asistentes “de forma inaudita”.

También difundieron un video que muestra el accionar de los agentes. “Qué vergüenza la PNP, en vez de cuidarnos, nos bota como si fuéramos la escoria, cuando la escoria está afuera matando gente”, se escucha decir a uno de los asistentes. “Así nos trató la PNP. Jesús María tiene una ordenanza de no discriminación que ni el propio alcalde cumple”, señaló la organización.

De forma previa, el colectivo había denunciado que la Municipalidad de Jesús María, mediante su equipo de fiscalización dirigido por el gerente Gustavo Ortiz, bloqueó el uso de una vía previamente autorizada para la realización de la marcha, que tenía como punto de inicio y cierre el Campo de Marte.

“Contamos con la Resolución de interferencia de vías y la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima; así como con las autorizaciones de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y demás instancias competentes para el desarrollo de la marcha, sin ningún tipo de inconveniente”, señalaron.

Sin embargo, un día antes del evento, la comuna distrital prohibió el uso de la vía autorizada, sin “brindar sustento legal”. El colectivo explicó que esta decisión contraviene una resolución emitida por la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima, que ratificaba la validez de la autorización.

En su comunicado, lamentaron que bajo la gestión del alcalde Jesús Gálvez se adopten decisiones que “vulneran el ejercicio democrático de nuestros derechos fundamentales; contraviniendo el principio de legalidad, la seguridad jurídica y excediendo las competencias establecidas en la gestión de vías metropolitanas”.

Para permitir la realización del evento, los promotores accedieron a “reubicar la estructura principal en la zona impuesta por la autoridad distrital, pese a que esta medida carezca de sustento legal y perjudique la organización de un evento que celebra la diversidad y la igualdad de miles de peruanos y peruanas”.

Finalmente, recordaron que la marcha constituye “una expresión de libertad para miles de peruanxs y una manifestación de la diversidad que existe en nuestro país”, y anunciaron que continuarán exigiendo el respeto a sus derechos.