
El economista José Miguel Castro fue hallado sin vida en el baño de su vivienda la mañana del 29 de junio. Fue su padre quien lo encontró y dio aviso inmediato a las autoridades.
Las investigaciones aún están en una etapa inicial, pero hasta el momento se barajan dos hipótesis: un posible suicidio o un asesinato.
Castro no llegó a concretar su acogimiento al proceso de colaboración eficaz. Sin embargo, fuera de ese mecanismo, brindó su testimonio ante el Ministerio Público en al menos cuatro ocasiones.
En estas declaraciones indagatorias —que sí podrían ser utilizadas en el juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán—, Castro reveló qué empresas entregaron sobornos, cómo se movió el dinero y para qué se utilizó, entre otros detalles relevantes para el caso.
Según información de Epicentro TV, el exgerente municipal declaró ante los fiscales en cuatro fechas distintas: la primera fue el 2 de noviembre de 2020, un año después de solicitar su ingreso al programa de colaboración eficaz. Las siguientes declaraciones se realizaron el 14 de enero de 2021, y el 8 y 15 de julio de 2022.
Podría inferirse que la revelación más importante es que Castro confirmó la entrega de dinero de las empresas brasileras OAS y Odebrecht, y de la peruana Graña y Montero a Susana Villarán.
“Sí, tengo conocimiento de que las empresas Odebrecht y OAS aportaron a la campaña de reelección de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el año 2014”, afirmó en una de las declaraciones a las que accedió Epicentro.
Según detalló, Odebrecht habría entregado alrededor de 2.5 millones de soles, mientras que OAS aportó aproximadamente 4 millones de dólares, fondos destinados principalmente al pago de publicidad electoral.
A estos aportes, agregó Castro, se sumaron 100 mil dólares provenientes de la constructora Graña y Montero. De acuerdo con su testimonio, el dinero fue utilizado para costear encuestas, paneles publicitarios, asesorías políticas y propaganda en medios de comunicación.
Asimismo, precisó que pudo corroborar los montos mencionados mediante una pericia realizada en diciembre de 2021, correspondiente a la Carpeta Fiscal N.º 30-2017.
Castro también precisó que las instrucciones sobre el uso del dinero partían directamente de Villarán. “Ella tenía la intención de ganar las elecciones del 2014 [...] quería que se pagara la publicidad, a los asesores y que se ganaran las elecciones”, declaró.
Otros datos clave:
- Identificó al empresario César Meiggs Rojas como el encargado de entregar el dinero en efectivo a los asesores de campaña.
- Reveló que la empresa Ogilvy, a través de Óscar Vidaurreta, gestionó los pagos publicitarios, recibiendo comisiones por ello.
- Afirmó que las constructoras tenían intereses en trámite en ese momento: contratos de peaje como Rutas de Lima, Línea Amarilla y Vía Expresa Sur.
El rol de José Miguel Castro, mano derecha de Villarán
José Miguel Castro desempeñó un rol clave en las investigaciones por presunta corrupción durante el mandato de Susana Villarán al frente de la Municipalidad de Lima. Entre 2011 y 2014 ocupó el cargo de gerente municipal, y según la Fiscalía, desde esa posición habría gestionado la recepción de fondos ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, destinados a financiar la campaña por el “No” a la revocatoria en 2013.
Las autoridades lo ubicaban como el número dos dentro de la supuesta organización delictiva liderada por Villarán. En ese contexto, se encontraba en proceso de acogerse a la figura de colaboración eficaz, y su testimonio era considerado esencial para sustentar la acusación fiscal en el juicio oral previsto para el 23 de septiembre.
El nombre de Castro fue mencionado por Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en el Perú, quien lo identificó con el alias “Budián” en el sistema interno de seudónimos de la constructora, utilizado para ocultar los pagos ilícitos. El apodo hacía alusión a un pez mofletudo, y coincidentemente, sus amigos lo llamaban “Quico”, en referencia al personaje de El Chavo del 8.
Además de su rol como gerente, Castro presidió la Caja Metropolitana de Lima. De acuerdo con el Ministerio Público, durante su gestión habría favorecido con contratos sin concurso público a las empresas Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora, vinculadas al actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
A pesar de su situación legal, Castro evitaba abordar el tema públicamente. Prefería mantener un bajo perfil y reunirse en las noches con amigos de confianza en algunos locales de Barranco, un distrito que frecuentaba con regularidad. En noviembre de 2019 comenzó oficialmente su proceso de colaboración eficaz, rindiendo declaración ante el Equipo Especial del caso Lava Jato. Su fallecimiento inesperado ha dejado muchas preguntas abiertas en uno de los procesos más representativos del escándalo de corrupción en el país.
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