A inicio del 2025, la administración de Donald Trump volvió a situar en la agenda pública estadounidense una ley que, aunque tiene más de dos siglos de antigüedad, sigue cambiando el destino de miles de migrantes. Se trata de la Ley de Extranjeros Enemigos de 1789. Esta legislación, apenas mencionada durante buena parte de la historia moderna, permite detener y deportar a ciudadanos de países considerados enemigos en un contexto de guerra o amenaza a la seguridad nacional.
En esta ocasión, Trump la utilizó para acelerar la salida, especialmente contra personas que, según el gobierno, formarían parte de bandas criminales extranjeras. El retorno de esta antigua herramienta legal al debate contemporáneo trae consigo ecos de una historia dolorosa y desconocida para muchos peruanos, marcada por la arbitrariedad y la ruptura de vidas.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos no solo detuvo y confinó a ciudadanos de ascendencia japonesa dentro de sus fronteras. Producto de acuerdos diplomáticos y presiones directas, Washington logró que al menos quince países de América Latina realizaran operativos para arrestar, despojar de documentos y deportar a miles de personas de descendencia japonesa, alemana e italiana, incluyendo a sus hijos nacidos legalmente en territorio latinoamericano.
Uno de los relatos más significativos revelados por National Public Radio es el de Libia Yamamoto, una niña peruana que con solo siete años experimentó el desconcierto y el sufrimiento de una familia arrancada de su patria. El 3 de enero de 1943, la policía ingresó a su hogar en Chiclayo y arrestó a su padre, Saburo Maoki, un inmigrante japonés que había llegado a Perú en 1914 y era conocido en su comunidad por su trabajo y honestidad. Lo llevaron sin cargos claros; la única explicación era que todo respondía a órdenes dictadas desde Estados Unidos.
La sorpresa de Libia se transformó en temor al acompañar a su madre a la comisaría y descubrir que todos los arrestados eran japoneses, varios amigos de su padre. Pronto, la familia comprendió que la situación iba mucho más allá del Perú. Se trataba de un operativo regional, amparado por decisiones diplomáticas y la ley estadounidense de 1789, que buscaba intercambiar civiles detenidos en América Latina por ciudadanos estadounidenses capturados por fuerzas enemigas durante la guerra mundial.
Este entramado tuvo consecuencias devastadoras. Según registros históricos, Estados Unidos coordinó la deportación de 6.600 inmigrantes y familias desde países como Perú, Bolivia y Ecuador, despojándolos de pasaportes y cualquier prueba de nacionalidad. Una vez en suelo norteamericano, todos eran conducidos a campos de internamiento, como el de Crystal City, Texas, bajo el amparo legal de la Ley de Extranjeros Enemigos de 1789. Los detenidos, a pesar de provenir de países aliados o neutrales, pasaban a ser tratados como “enemigos extranjeros”, sin recursos judiciales y sin intervención diplomática en su favor.
El caso de los Yamamoto no fue el único. La familia Harten, inmigrantes alemanes radicados en Cuenca, Ecuador, vivió circunstancias similares. Gertrude Harten narró en su diario el miedo y la confusión la noche en que soldados estadounidenses arrestaron a su esposo. El motivo real de su detención no fue nunca aclarado; no estaba ni siquiera en las listas oficiales de deportación. La familia Harten, como muchas otras, fue separada durante meses antes de reencontrarse en el internamiento de Texas.
Todos los relatos de quienes vivieron esta experiencia coinciden en el desconcierto y el vacío jurídico. Ni leyes latinoamericanas ni tratados internacionales permitieron estas deportaciones; en la práctica, muchas familias fueron víctimas de auténticos secuestros avalados por la coyuntura global y ejecutados bajo presión económica o política de Estados Unidos. “Éramos peruanos, pero no teníamos papeles. Nos quitaron todo. Lo primero que hicieron las autoridades americanas fue despojarnos de nuestros pasaportes”, recuerda Libia sobre su llegada al campo de Crystal City.
La vida en el campo transitó entre la adaptación forzada y alertas constantes de peligro. Todo se desarrollaba entre cercas altas, torres de vigilancia y la amenaza siempre latente de ser enviados como rehenes a Alemania, Italia o Japón en intercambios de prisioneros de guerra. La guerra terminó, pero la tragedia para miles de peruanos y latinoamericanos no se resolvió.
Las familias internadas quedaron en un limbo: no tenían nacionalidad reconocida, ni pasaporte, ni la posibilidad de regresar al país donde habían nacido. En el caso de los internados peruanos, el gobierno nacional rechazó su readmisión aduciendo razones sociales y políticas, lo que forzó a muchas familias a buscar nuevos comienzos en Estados Unidos o países de acogida dispuestos a ofrecerles un futuro.
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