Perú se suma a Venezuela y Paraguay en lista de países que restringen la libertad de asociación, según informe internacional

Perú, una vez más, queda en la mira. El país ha sido incluido junto a Venezuela, Paraguay, El Salvador y Guatemala en una nueva lista de naciones que están restringiendo activamente el espacio cívico mediante leyes y normativas que afectan el funcionamiento de organizaciones sociales, medios independientes y defensores de derechos humanos. Así lo advierte el informe Curtailing Civic Space: Tightening Restrictions on Civil Society in the Americas, publicado por el Washington Office on Latin America (WOLA), un reconocido centro de análisis con sede en Washington D.C.

“El gobierno de Perú ha aprobado leyes diseñadas para dificultar, si no imposibilitar, que organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil operen”, advierten las autoras del informe, Maureen Meyer y Corie Welch. Esta tendencia, explican, forma parte de un fenómeno regional donde los gobiernos “están actuando agresivamente para restringir el espacio cívico a través de cambios regulatorios y legislación”.

En ese contexto, Perú es comparado directamente con Venezuela y El Salvador, cuyos regímenes son conocidos por ejercer control político mediante la represión legal. El estudio de WOLA identifica patrones comunes en el uso de herramientas legales como mecanismo de represión. Asimismo, el documento afirma que estas normativas han sido impulsadas por sectores ultraconservadores del Congreso de la República, que buscaría restringir el activismo, bloquear el litigio estratégico y frenar la crítica desde la sociedad civil.

En marzo de 2025, el Congreso peruano aprobó una nueva ley que refuerza el control estatal sobre las organizaciones no gubernamentales (ONGs), especialmente aquellas que reciben financiamiento internacional. El cambio más significativo es la transformación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en un ente autorizador, que ya no solo reporta, sino que exige “aprobación previa para sus proyectos, programas y actividades”.

La norma, que fue apodada “Ley Anti ONG” y “Ley AntiJusticia” por sus opositores, también introduce sanciones económicas severas: “No obtener esta aprobación antes de utilizar fondos internacionales se clasifica ahora como una infracción administrativa grave, lo que podría resultar en multas elevadas y la suspensión de operaciones”.

Pero lo que más ha alarmado a organismos internacionales es la inclusión de una cláusula que penaliza con dureza cualquier acción legal contra el Estado. “Una de las disposiciones más polémicas es la clasificación de las acciones legales contra el Estado como una ‘infracción muy grave’... Las organizaciones que brindan apoyo legal a víctimas de abusos de derechos humanos, daños ambientales o negligencia estatal ahora arriesgan multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias y la posible suspensión de su estatus legal”.

El informe de WOLA subraya que esta disposición afecta directamente a ONGs, medios de investigación y comunidades vulnerables: “La ley penaliza efectivamente la defensa, generando un efecto paralizante sobre la rendición de cuentas legal y la litigación de interés público”.

La modificatoria a la ley APCI generó indignación nacional e internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la norma peruana priva a las víctimas de abusos estatales de representación legal, lo que socava su derecho de acceso a la justicia. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a más de 70 organizaciones, denunció la ley como “un intento de silenciar a la sociedad civil”.

Asimismo, más de 300 periodistas, editores y organizaciones internacionales suscribieron una declaración conjunta que denuncia el poder que tiene Ejecutivo, mediante la APCI, “para autorizar o bloquear proyectos que financian el trabajo periodístico o de investigación”, e incluso se prohíbe que “los fondos de cooperación se utilicen para iniciar acciones legales contra el Estado, incluyendo litigios por acceso a información pública, una herramienta fundamental para el periodismo de investigación”.

Uno de los puntos más relevantes del informe de WOLA es que las leyes adoptadas en Perú comparten origen con las de regímenes autoritarios como el de Vladimir Putin en Rusia y Daniel Ortega en Nicaragua: “El informe señala que muchas de estas restricciones han sido modeladas a partir de leyes restrictivas similares en Rusia, Nicaragua y otros lugares”.

En el caso ruso, la ley de “agentes extranjeros” obliga a cualquier organización que reciba fondos del extranjero y se involucre en actividades políticas a registrarse con ese estatus, lo que equivale a una marca de enemigo del Estado. El gobierno ha ampliado tanto la definición de “influencia extranjera” que ahora “casi cualquier persona u organización puede ser designada como agente extranjero”, según cita el informe a Human Rights Watch.

En Nicaragua, el régimen de Ortega ha cancelado la personería jurídica de más de 5.000 organizaciones desde 2018, y ha aprobado leyes que permiten al gobierno confiscar bienes de ONGs que sean consideradas opositoras. Para WOLA, el patrón es claro: “Se busca el silenciamiento de individuos y organizaciones que se considera que se oponen al gobierno nicaragüense y evitar el ejercicio de libertades civiles, incluyendo la libertad de expresión y asociación, el derecho a participar en asuntos públicos, el derecho a protestar y el derecho a defender los derechos”.

WOLA advierte que Perú está siguiendo este modelo al introducir una legislación que limita el uso de financiamiento internacional, penaliza el activismo legal y otorga al Estado la capacidad de impedir proyectos que no estén alineados con sus intereses políticos.