La nueva faceta criminal de ‘El Monstruo’: de extorsionar a empresarios en Lima Norte a controlar licitaciones públicas

Durante años, la figura de Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, se vinculó principalmente a la extorsión de empresarios del transporte en Lima Norte. Sin embargo, un informe de Punto Final reveló que recientes investigaciones policiales y filtraciones de conversaciones intervenidas desde Paraguay apuntan a un fenómeno de mayor alcance: una red criminal capaz de infiltrarse en las millonarias obras públicas, operar con un método propio de cartel y utilizar tecnologías para la intimidación y el cobro de extorsiones a empresas constructoras.

Audio tras audio, la Policía y la Fiscalía documentaron cómo Erick Moreno dejó atrás el exclusivo dominio sobre empresas de transporte y evolucionó hacia un tipo de extorsión que aprovecha la inversión estatal. En las conversaciones interceptadas, Moreno no solo discute el control de rutas o el cobro a buses. Habla de licitaciones por millones, menciona colegios nuevos e incluso hospitales en construcción. La estrategia: identificar los proyectos, intimidar a los encargados —en especial a los ingenieros— y exigir pagos periódicos para permitir el avance de las obras.

“Esa licitación son de 10 millones”, comenta Moreno a su círculo en una llamada donde coordina, junto a sus operadores en Lima, el próximo blanco: obras en la avenida Túpac Amaru, la pista auxiliar del Hospital de la Solidaridad y colegios bicentenarios que la presidenta Dina Boluarte inauguró meses atrás. No se trataba de una acción improvisada: usaban inteligencia social sobre la situación de las obras, las ubicaciones de los ingenieros y la capacidad de respuesta de las compañías constructoras.

Mediante mensajes directos, amenazas telefónicas y hasta videos de seguimiento, la organización generaba un clima de miedo. Ingenieros eran marcados y se les exigía el pago de un “centavo”, como refiere Moreno, para evitar represalias contra sus vidas o sus equipos de trabajo. “Lo mando pal fondo, así el ingeniero a cargo ya paga”, dice su lugarteniente “Jota” en uno de los diálogos.

Estos métodos de presión no estaban limitados a Lima. En la red participaban expolicías con requisitorias pendientes y delincuentes involucrados en otros delitos graves como secuestro. Entre las voces del circuito, destaca “Cachete”, encargado de mapear licitaciones en distritos como Carabayllo e Independencia, identificar a los responsables de los proyectos y hacer la primera aproximación extorsiva.

La verdadera novedad que ha impulsado aún más la capacidad de la organización de Erick Moreno es la implementación de un call center clandestino. Según registros policiales, este centro de operaciones funcionaría en Bolivia y Carabayllo. Desde allí, utilizando equipos comprados por emisarios y familiares de Moreno fuera del país, se diseñan campañas de extorsión masiva. “Son tres mil soles para el call center que me pide porque estamos chambeando”, ordena Moreno a su pareja en uno de los audios.

El call center utiliza una base de datos nutrida por las propias licitaciones públicas y ejecuta mensajes masivos de amedrentamiento, seguimiento y promesas de violencia si las empresas no cumplen con el pago. La estructura responde a una lógica propia de empresas criminales multinacionales, con roles y jerarquías bien definidos y colaboraciones en tiempo real entre operadores peruanos, bolivianos y paraguayos.

Las zonas bajo el interés de la organización no son aleatorias. Conversaciones recientes ubican el foco en Comas, Carabayllo, Independencia y sobre todo la cadena de colegios y centros de salud nuevos. Los interlocutores discuten detalles de cada proyecto, los pagos esperados y evalúan la competencia con otras bandas. “Hay que tejerle otro, le matamos su huacho”, dice Moreno, indicando la disposición a la violencia para someter tanto a la competencia como a los responsables de obra.

El dominio de la organización sobre proyectos estatales revela además el nivel de colapso de los mecanismos de fiscalización y protección pública. Ingenieros del Estado y contratistas privados se enfrentan a la disyuntiva de pagar o arriesgar la paralización de proyectos y la seguridad de su personal. Varias de las obras mencionadas aparecieron en el plano noticioso por retrasos inexplicados, costos elevados y denuncias de amenazas.

La policía peruana hoy ofrece una recompensa de un millón de soles por información que permita dar con la captura de “El Monstruo”. La estructura financiera y de comunicaciones de la organización, que solía parecer invulnerable, enfrenta por primera vez el cerco coordinado de cuerpos internacionales.