“Si algo me pasa, hago responsable al Congreso”: secretaria sindicalista denuncia amenazas tras fiscalizar gestión de Salhuana

Desde hace varios meses, el recién creado sindicato de trabajadores del Congreso, SITRAPARL, ha denunciado una serie de presuntas irregularidades administrativas dentro del Parlamento, entre ellas designaciones cuestionadas, presuntos cobros indebidos y la aprobación de millonarios gastos sin sustento técnico. En lugar de recibir respuestas, sus integrantes aseguran haber sido blanco de amenazas, hostigamientos y sanciones disciplinarias. Así lo reveló una investigación del medio Epicentro, realizada por la periodista Katherine Ayarza Chávez, a partir del testimonio de la secretaria general del gremio, Emely Silva Uriarte.

La secretaria general del sindicato responsabilizó públicamente a funcionarios del Legislativo por cualquier daño a su integridad o a su estabilidad laboral. “Yo podría correr la misma suerte que la señorita Vidal”, advirtió, aludiendo al caso de Andrea Vidal, trabajadora del Congreso asesinada en circunstancias aún no esclarecidas. Según denunció, el amedrentamiento comenzó luego de que iniciaran acciones de fiscalización interna, entre ellas, la observación de una compra por más de 13 millones de dólares para implementar la bicameralidad.

Uno de los funcionarios sindicados por Silva es Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz, secretario técnico de la Oficialía Mayor, a quien acusa de haberla intimidado tras una ceremonia institucional. Según relató, el funcionario se le acercó para reprocharle sus denuncias, la habría amenazado verbalmente y le advirtió que sus actos podrían traerle “serios problemas”. También afirmó que fue fotografiada y grabada sin su consentimiento.

Este testimonio, recogido por Epicentro, la sindicalista señaló que el incidente ocurrió en el marco de sus reclamos por transparencia en la gestión de Salhuana. “Me dijo que no estaba midiendo las consecuencias”, recordó Silva. No es la primera vez que Neciosup es señalado: en enero, la congresista Norma Yarrow lo acusó de presionar a asesores para que no declararan sobre una presunta red de explotación sexual dentro del Congreso.

Tras una reunión en abril con el presidente del Congreso, en la que este prometió “todas las facilidades” para el funcionamiento del sindicato, los hechos tomaron otro rumbo. En mayo, se abrieron procesos disciplinarios contra tres miembros de SITRAPARL, incluido Silva, por presuntamente haber emitido expresiones “difamatorias e insultantes” en una carta enviada al congresista Alex Paredes Salamanca, en la que exponían maltratos y discriminación sindical.

La denuncia fue presentada por Juan Carlos Bernal, jefe de Servicios Generales del Congreso y hombre de confianza de la actual Mesa Directiva. El sindicato afirma que estas acciones constituyen una persecución laboral y un intento de silenciar las denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas. “Es una cacería de brujas”, resumió Silva, tras recibir la notificación formal del inicio del proceso sancionador.

Entre los hechos más graves expuestos por SITRAPARL está la aprobación de una compra directa valorizada en más de 13 millones de dólares para la habilitación de ambientes con miras al retorno a la bicameralidad. El gasto fue gestionado a través de una unidad ejecutora y, según el sindicato, no cuenta con justificaciones técnicas claras ni fue transparentado ante los trabajadores o las instancias fiscalizadoras del Congreso.

Además, el gremio cuestionó el nombramiento de Yesenia Lozano, identificada como “hija política” de César Acuña, como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso, una oficina que —según sostienen— habría sido creada expresamente para dicha designación. También advirtieron sobre presuntos cobros indebidos en otros sindicatos y el uso discrecional del presupuesto institucional.

Pese a la gravedad de los señalamientos, Oficialía Mayor no ha respondido las solicitudes del sindicato ni de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que citó el pasado miércoles 18 de junio a Giovanni Forno y a otros funcionarios para rendir cuentas. La ausencia de respuestas ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes consideran que hay un “manto de opacidad” sobre las decisiones administrativas.

“No sabemos cómo se está manejando el Congreso ni qué decisiones toma la Mesa Directiva. No hay transparencia y nos están exponiendo”, advirtió Silva. La dirigente ha presentado denuncias por violencia contra la mujer ante el Ministerio Público, mientras continúa su defensa en el proceso disciplinario abierto en su contra. “Temo por mi despido, pero también temo por mi vida”, concluyó.