El Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Si bien la decisión supone que este mantendrá su libertad, no significa que el resto de procesos en su contra hayan sido afectados. El día a día del exmandatario se balancea entre su deseo de postular a la presidencia de la República en las elecciones generales de 2026 y las investigaciones que pesan sobre él.
Martín Vizcarra enfrenta una serie de procesos judiciales y sanciones políticas que han definido su situación desde que dejó el cargo. Las investigaciones contra Vizcarra cubren hechos ocurridos tanto en su etapa como gobernador regional de Moquegua como durante su mandato presidencial, incluyendo casos de presunta corrupción, contrataciones irregulares y la vacunación irregular durante la pandemia de COVID-19.
El proceso más antiguo en su contra data de su gestión en Moquegua, entre 2011 y 2014. Según la Fiscalía, habría recibido más de 2,3 millones de soles en sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA a cambio de la adjudicación de obras públicas locales. Este caso de presunto cohecho pasivo propio se encuentra en la etapa de juicio oral, iniciado en octubre de 2024. La Fiscalía solicita 15 años de prisión y 9 de inhabilitación para Vizcarra.
Procesos nacidos durante su presidencia
Vizcarra fue incluido en una investigación por organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias. Se le atribuye haber recibido beneficios indebidos vinculados a licitaciones de obras públicas por más de 274 millones de soles. Como parte de estas pesquisas, en marzo de 2023 se incautaron 68 bienes a nombre de Vizcarra.
Otra investigación se centra en su relación con los contratos del Ministerio de Cultura otorgados a Richard Swing. Se indaga a Vizcarra por colusión agravada y organización criminal, debido a la aprobación de nueve contratos por un total de 175.000 soles para charlas motivacionales a favor de Richard Swing, quien carecía de la formación requerida. Las pesquisas sugieren que Vizcarra lideró una red de contrataciones irregulares.
El caso conocido como Vacunagate también involucra al exmandatario. Vizcarra, junto con su familia y algunos ministros, recibió dosis de la vacuna Sinopharm por fuera del proceso oficial del ensayo clínico. Esto generó una investigación por delitos como organización criminal, cohecho pasivo propio, falsificación de documentos, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo. Como consecuencia, el Congreso lo inhabilitó por 10 años para ejercer función pública, sanción que se sumó a otras previamente impuestas.
En total, las inhabilitaciones contra Vizcarra suman 25 años, repartidas en tres sanciones: cinco años por conflicto de interés durante su paso por el Ministerio de Transportes, diez años vinculados a Vacunagate y otros diez años por el cierre del Congreso en 2019, considerado infracción a la Constitución.
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