La Policía Nacional del Perú (PNP) ha solicitado con carácter de muy urgente reforzar la seguridad policial en las embajadas y residencias diplomáticas de México, Brasil y Bolivia, ante el riesgo de un intento de fuga o de solicitud de asilo político del expresidente Martín Vizcarra Cornejo. La solicitud se produce en medio del proceso judicial que enfrenta el exmandatario por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014), caso por el que se pidió su prisión preventiva.
Pedido urgente de la PNP para reforzar la seguridad diplomática
El 27 de junio de 2025, la Dirección de Seguridad Integral de la PNP (DIRNOS-DIRSEINT) envió un oficio dirigido al general PNP Enrique Hugo Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, solicitando apoyo policial urgente para reforzar los servicios de seguridad en las embajadas y residencias diplomáticas de México, Bolivia y Brasil. El documento indica que se disponga personal policial de las comisarías del sector y del SOES (Servicios de Operaciones Especiales) para cubrir las sedes diplomáticas señaladas.
La carta oficial, firmada por el coronel PNP Luis Ángel Santos Villar, explica que la medida obedece a la situación jurídica de Vizcarra, quien afronta un pedido fiscal de prisión preventiva por seis meses. Según el oficio, la proximidad del vencimiento de su impedimento de salida del país, fijado hasta el 4 de julio de 2025, representa un riesgo de que el expresidente intente fugarse o solicitar asilo político en una embajada.
La División de Protección de Embajadas ya viene reforzando medidas preventivas en esos puntos, pero el documento formaliza el pedido para incrementar el despliegue, dada la naturaleza “muy urgente” del asunto.
El caso de presunta corrupción en Moquegua
El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) enfrenta acusaciones del Ministerio Público por presuntos actos de corrupción cometidos cuando fue gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014. Según la tesis fiscal, Vizcarra habría recibido S/2,3 millones en coimas de empresas constructoras a cambio de la adjudicación de las obras del Proyecto Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, ha solicitado para el exmandatario 15 años de prisión efectiva, 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de S/151 580 en días multa. El juicio oral en su contra se encuentra en curso desde octubre de 2024.
El Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva
El mismo 27 de junio de 2025, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundado el pedido de prisión preventiva por seis meses formulado por la Fiscalía contra Martín Vizcarra. El juez Víctor Alcocer resolvió que “no se verifica el grado de intensidad necesario para afirmar que hay elementos de convicción que justifiquen una prisión preventiva”.
El magistrado destacó que, si bien Vizcarra cuenta con arraigo familiar y domiciliario, no tiene un vínculo laboral estable que le impida rehuir de la justicia. No obstante, el juez determinó que la medida cautelar debía mantenerse, pero en forma menos gravosa: dictó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por seis meses a partir del 5 de julio de 2025.
Reglas de conducta impuestas al exmandatario
Como parte de las restricciones impuestas, el juez Alcocer ordenó que Vizcarra no concurra a sedes diplomáticas ni tenga comunicación con personas vinculadas a representaciones diplomáticas. Además, deberá cumplir con control biométrico mensual y justificar sus actividades cada 30 días.
El objetivo de estas reglas es garantizar la presencia del imputado en el proceso judicial, evitando cualquier maniobra para evadir la justicia mediante asilo diplomático. Pese a estas disposiciones, la Fiscalía advirtió del riesgo de fuga, ya que el impedimento de salida del país estaba próximo a vencer, motivo central de su requerimiento de prisión preventiva.
Fiscalía apelará el fallo judicial
El fiscal Germán Juárez Atoche anunció que apelará la decisión judicial que rechazó la prisión preventiva. La Fiscalía sostiene que, dado el alto perfil del acusado y la gravedad de los delitos imputados, existe peligro de fuga. Según el Ministerio Público, el exmandatario podría buscar refugio en una embajada para eludir la justicia peruana.
El pedido de reforzamiento de la seguridad en embajadas se produce precisamente para prevenir ese escenario. La División de Protección de Embajadas, bajo la Dirección de Seguridad Integral de la PNP, ya coordinaba acciones desde antes del oficio, pero ahora se oficializa un despliegue mayor de personal especializado del SOES en los puntos diplomáticos más sensibles.
Un contexto político y judicial complejo
El caso de Martín Vizcarra se enmarca en el complicado panorama de lucha contra la corrupción en el Perú, en el que varios expresidentes han enfrentado investigaciones y procesos penales. Vizcarra llegó al poder en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio del escándalo Odebrecht. Como presidente, se proyectó como un férreo impulsor de reformas anticorrupción y de la disolución del Congreso en 2019, medidas que polarizaron al país.
Sin embargo, en 2020 fue vacado por el Congreso por “incapacidad moral permanente” tras revelaciones de presuntos sobornos que habrían ocurrido años antes, cuando era gobernador. Vizcarra niega las acusaciones y se ha presentado como víctima de persecución política. Hoy su situación judicial sigue generando tensiones, mientras la PNP refuerza la seguridad diplomática para impedir cualquier intento de eludir la justicia mediante fuga o asilo.
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