Martín Vizcarra seguirá en libertad: Poder Judicial rechaza prisión preventiva en contra del exmandatario

El juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, declaró infundado el pedido de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. En cambio, se decidió imponer medidas como la comparecencia con restricciones, reglas de conducta y un nuevo impedimento de salida del país por seis meses.

Durante las audiencias, el Ministerio Público presentó como sustento la presunta intención del vacado expresidente de evadir la justicia en caso de una condena por corrupción. Entre los principales argumentos se señaló la gravedad de la posible pena —15 años de prisión—, su supuesta falta de arraigo laboral y la presunta manipulación de reportes sobre sus actividades cuando aún tenía restricciones judiciales. Además, el fiscal indicó que Vizcarra adoptó un discurso de persecución política que, según dijo, podría habilitar un pedido de asilo en otro país.

En respuesta, la defensa de Vizcarra, liderada por el abogado Erwin Siccha, sostuvo que el expresidente cuenta con arraigo familiar y contratos laborales, desestimó el riesgo de fuga y calificó el pedido fiscal como improcedente e infundado. Siccha explicó que la visita de Vizcarra al terminal de Moquegua, expuesta por la fiscalía, estuvo vinculada a actividades laborales y no implicó la intención de huir del país. También resaltó que Vizcarra ha cumplido con asistir a todas las diligencias y que no tiene ningún control sobre su resguardo policial.

El juez Alcocer, tras escuchar la réplica, la dúplica y la defensa material del propio Vizcarra, evaluó los elementos y concluyó que no existen pruebas que justifiquen la prisión preventiva. Consideró que la medida resultaba desproporcionada y que las restricciones ya impuestas, como el impedimento de salida del país que vence el próximo 4 de julio, resultan adecuadas para asegurar la presencia del expresidente en el proceso judicial.

A la salida del juzgado, Vizcarra declaró que seguirá enfrentando el proceso judicial y reafirmó su inocencia. “No había ningún argumento para el pedido de la Fiscalía. El juez, en una larga exposición, ha demostrado de que los argumentos demuestran que no hay absolutamente peligro de fuga. Y por eso está poniendo algunas medidas adicionales, que incluso creemos que no son adecuadas y por eso también vamos a apelar”, argumentó.

Mientras tanto, el juicio oral por los presuntos actos de corrupción continuará bajo las medidas restrictivas vigentes. La Fiscalía confirmó que apelará la decisión.

La investigación contra Martín Vizcarra inició el 16 de octubre de 2020, cuando la Fiscalía abrió diligencias preliminares imputando los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir, debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, durante su gestión como gobernador de ese departamento entre 2011 y 2014. El expediente involucró también a exdirectivos de las empresas Obrainsa e ICCGSA.

El caso se alimentó de la declaración de colaboradores eficaces que, en el marco del llamado Club de la Construcción, apuntaron a pagos indebidos en dichos proyectos. El 16 de diciembre de 2022, la Fiscalía, a través del fiscal Germán Juárez Atoche, presentó su acusación formal contra Vizcarra por cohecho pasivo propio, solicitando 15 años de prisión, nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de S/ 151,580.

En enero de 2024, el Poder Judicial dispuso el impedimento de salida del país contra Vizcarra, medida que fue prorrogada en febrero de 2025 hasta el 4 de julio del mismo año. En paralelo, en febrero de 2024 se archivaron los cargos de asociación ilícita y usurpación de funciones. En mayo de 2024, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional autorizó el inicio del juicio oral, que quedó instalado el 28 de octubre de 2024.

El Ministerio Público acusa a Vizcarra de haber sostenido reuniones con directivos de Obrainsa en noviembre de 2013 para favorecer al consorcio en la licitación del proyecto Lomas de Ilo, a cambio de un pago equivalente al 2% del costo de la obra, estimado en S/ 1 millón. También se le imputa haber solicitado S/ 1.3 millones al consorcio Hospitalario Moquegua (ICCGSA e INCOT) para no objetar la adjudicación del proyecto hospitalario. Según la Fiscalía, Vizcarra habría recibido un total de S/ 2.3 millones en sobornos de las empresas constructoras a cambio de ambas adjudicaciones.