El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en la provincia de Zarumilla, ubicada en el departamento de Tumbes, con el objetivo de enfrentar el incremento de delitos en la frontera norte del país. La medida, que entrará en vigencia desde el 4 de julio, fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 087-2025-PCM, publicado este miércoles en el diario oficial El Peruano.
La norma establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará a cargo del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en acciones de patrullaje y seguridad, como parte de la estrategia para restablecer condiciones mínimas de seguridad en la región.
Restricción de derechos constitucionales
Durante este nuevo periodo de emergencia, se mantendrán las restricciones establecidas por el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, las cuales comprenden la suspensión de derechos relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.
Estas limitaciones buscan facilitar la ejecución de operativos focalizados para desarticular organizaciones delictivas que operan en las zonas fronterizas. Las intervenciones, según detalla la norma, deberán desarrollarse conforme al marco legal vigente, incluyendo el Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP y las FF.AA.
También se establece el cumplimiento del Protocolo de actuación conjunta del Estado para intervenciones con personas vulnerables, aprobado en 2023 por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Como se sabe, Zarumilla es una de las provincias peruanas más afectadas por delitos transfronterizos debido a su cercanía con Ecuador. En la zona, se han reportado casos vinculados a contrabando, trata de personas, tráfico ilícito de armas, sicariato, lesiones con armas de fuego, lavado de activos, entre otros.
De acuerdo con el Gobierno, la prórroga del estado de emergencia permitirá dar continuidad a las operaciones de inteligencia y control, así como a las tareas de prevención y persecución del delito que buscan frenar el avance de estas actividades ilegales.
El decreto precisa que las acciones de la PNP y las FF.AA. deben desarrollarse respetando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como los protocolos de seguridad acordados bilateralmente con los países vecinos en las zonas de frontera.
Coordinación con Ecuador
Uno de los puntos destacados en la norma es la importancia de las cartillas de seguridad en áreas próximas a la frontera, que han sido acordadas por las Fuerzas Armadas del Perú y de los países vecinos. Esto incluye procedimientos de cooperación y coordinación con Ecuador, en el marco de tratados y acuerdos bilaterales en materia de defensa y lucha contra el crimen organizado.
Estas cartillas buscan establecer protocolos para evitar incidentes durante las operaciones, así como para intercambiar información relevante sobre amenazas comunes en la zona.
Además de los delitos de contrabando y tráfico de armas, las autoridades también han alertado sobre el aumento de la migración irregular, que suele estar vinculada con redes de tráfico de personas que operan en pasos informales. Estas redes aprovechan la falta de control en zonas rurales o de difícil acceso para movilizar a personas sin documentación legal.
En respuesta, se ha intensificado la vigilancia en puntos estratégicos y se han programado operativos conjuntos con Migraciones, la SUNAT y la Fiscalía, como parte de una estrategia interinstitucional de seguridad en el norte del país.
Tumbes en el centro de la atención
Zarumilla, una de las tres provincias de Tumbes, se ha convertido en foco de atención del Gobierno debido a la presencia de bandas criminales dedicadas al comercio ilegal y al uso de armas. Solo en el primer semestre de 2025, según reportes oficiales, se han incautado más de 300 paquetes de mercancía ilegal, además de vehículos con placas clonadas, armamento no registrado y dinero en efectivo sin justificar.
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