Patricia Benavides: conceden apelación a su suspensión por 24 meses como fiscal suprema titular

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia concedió el recurso de apelación interpuesto por Patricia Benavides en contra de la suspensión por 24 meses de su cargo como fiscal suprema. Así lo informó su abogado Jorge del Castillo a través de la red social X, donde detalló que el expediente será elevado a dicha sala para su revisión.

“Conceder el recurso de apelación y precisión presentado el 26/06/2025, interpuesto por la defensa de la indagada Patricia Benavides Vargas, contra la Resolución n.° 5 del 24/06/2025; formándose el cuaderno respectivo, y hecho, elévese a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República para los fines de ley y, una vez vencido el plazo de impugnación pertinente", menciona el documento.

La medida adoptada por el Poder Judicial responde al recurso interpuesto por la defensa de Benavides el último jueves. El equipo legal cuestionó la decisión del juez de investigación preparatoria, Segismundo León, quien ordenó la restricción como parte de la investigación que enfrenta la exfiscal de la Nación por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal. La exfiscal es investigada por presunta intervención ilícita en procesos vinculados a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

En una conferencia de prensa junto a sus abogados Juan Peña, Jorge del Castillo y Christian Salas, Benavides criticó la medida y señaló que considera la suspensión una vulneración de sus derechos fundamentales. Además, acusó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de desobedecer una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba su restitución en el cargo.

La Sala Penal Permanente tiene ahora la tarea de determinar si confirma o anula la suspensión dictada por el juez León. De revocarse la medida, Benavides podría ser reincorporada a sus funciones en el Ministerio Público (MP).

La defensa de Patricia Benavides sostiene que la medida judicial que ordena su suspensión carece de fundamento y vulnera derechos constitucionales. El recurso presentado señala que las acusaciones formuladas no cumplen con el estándar probatorio exigido y que se ha incurrido en una “falta de objetividad” por parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien solicitó la suspensión.

Los abogados de Benavides plantearon que la actual fiscal de la Nación debía inhibirse de liderar las investigaciones, al considerarla interesada en el proceso. Por ello, presentaron un recurso de habeas corpus a fin de que Delia Espinoza sea apartada de los casos y se declare la nulidad de todas las actuaciones que haya desarrollado en las pesquisas fiscales desde el 13 de junio, fecha de la resolución de la JNJ favorable a Benavides, hasta que resuelva la demanda constitucional.

El documento de apelación también critica la resolución judicial por, según la defensa, carecer de motivación suficiente. Argumentan que no se han valorado pruebas de descargo, como declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, que —en su opinión— desvirtuarían la implicancia de Benavides en los delitos imputados. Apuntan particularmente a la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva, quien habría precisado que Benavides no tuvo conocimiento de determinadas acciones de la JNJ.

La defensa niega que existan pruebas directas que vinculen a Benavides con los hechos, cuestionando la fiabilidad de fotografías y otros elementos presentados por la fiscalía. Advierten que la resolución basa el argumento de riesgo procesal en los mismos hechos imputados, lo que, según su interpretación, vulnera el principio de presunción de inocencia.

Otro de los argumentos principales plantea que el juzgado supremo de investigación preparatoria no era competente para ordenar la suspensión, en tanto la investigación respectiva debe iniciarse previamente en sede parlamentaria, considerando la condición de aforada de Benavides. Por ello, consideran que la medida fue emitida sin seguir el camino legal que corresponde a funcionarios de alto rango.

La defensa también sugiere que la Junta Nacional de Justicia debe pronunciarse sobre si el periodo de gestión de Benavides como fiscal de la Nación puede prolongarse, dado el tiempo en que estuvo suspendida. Citan precedentes del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reposición de plazos de mandato interrumpidos judicialmente.

Por último, la apelación sostiene que los descargos no han sido evaluados de manera imparcial y se ha dado mayor peso a los cargos formulados por la fiscalía, sin apreciar la totalidad de las pruebas presentadas por la defensa.