Comunidades amazónicas peruanas acusan al Estado de no frenar la contaminación por mercurio proveniente de la minería ilegal

De acuerdo a información de AP, las comunidades indígenas y rurales ubicadas a lo largo del río Nanay, en la región amazónica del norte de Perú, han interpuesto una denuncia contra el gobierno peruano por no detener la minería ilegal que contamina sus fuentes de agua y alimentos con mercurio tóxico. La queja fue presentada en Lima, ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, un bloque comercial regional que incluye a Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Las comunidades aseguran que el Estado ha violado una política regional vinculante adoptada en 2012, destinada a combatir la minería ilegal.

Una delegación de 10 líderes y residentes de la Amazonía peruana viajó a la capital para presentar la denuncia. “Perú no está cumpliendo con sus obligaciones, lo que ha permitido que la minería ilegal se expanda, poniendo en riesgo la vida y los derechos de las comunidades amazónicas”, señaló César Ipenza a AP, abogado ambientalista que presentó el caso en nombre de las comunidades afectadas. A pesar de la gravedad de la denuncia, el gobierno peruano no ha respondido de manera inmediata a las solicitudes.

El mercurio, ampliamente utilizado en la extracción de oro, está contaminando los peces —un alimento básico en la dieta de la región— y entrando en la cadena alimentaria en las zonas cercanas a los ríos Nanay y Pintuyacu. “Más del 80% de nuestra población está contaminada con mercurio en la sangre”, afirmó Jhonny Huaymacari Yuyarima, representante del pueblo indígena Ikito y líder de una alianza local de 33 comunidades en la cuenca del Nanay. “Los peces de nuestros ríos y lagos también están envenenados.”

Un estudio reciente del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt encontró niveles peligrosamente altos de mercurio en muestras de cabello de 273 residentes de seis comunidades ribereñas. Aproximadamente el 79% de los participantes superó el límite de seguridad establecido por la Organización Mundial de la Salud, con los niños menores de 4 años presentando niveles de mercurio casi seis veces por encima del límite recomendado.

Ipenza destaca que la exposición al mercurio no es un caso aislado, sino un fenómeno generalizado que afecta a quienes dependen del pescado como su principal fuente de proteína y del río Nanay para obtener agua potable, incluyendo la ciudad de Iquitos. Huaymacari expresó su dolor al pensar que, tras más de 20 años de lucha contra la minería ilegal, el Estado aún no les escucha. “El mercurio ya está en nuestros cuerpos. Tendremos que vivir con esto si el Estado peruano no hace nada”, lamentó en conversación con AP.

En la región de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el problema se está expandiendo. Un informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina de 2023 alertó sobre el aumento de la deforestación y la actividad minera en las cabeceras del Nanay, incluso en áreas protegidas. A pesar de que los niveles de mercurio en la mayoría de los peces no superan los límites internacionales de seguridad, el alto consumo de pescado en Loreto pone a las comunidades en riesgo de sufrir intoxicación por mercurio.

Además de la contaminación, las comunidades informan de serios impactos sociales y de seguridad, como la llegada de grupos armados, el trabajo ilegal y la explotación sexual en los campamentos mineros. “Casi el 80% de la gente allí son extranjeros, y más de 60 dragas de minería están operando en la zona”, comentó Huaymacari. En una de sus comunidades, incluso se izó una bandera colombiana. “Ya no parece Perú”, dijo.

Las autoridades locales, como la policía y la marina, carecen de personal, equipos y apoyo logístico para enfrentar la expansión de la minería ilegal. Huaymacari señaló que, aunque están tratando de hacer frente a la situación, no cuentan con las herramientas necesarias para combatir esta “plaga”. La denuncia ante la Comunidad Andina solicita que se declare a Perú en violación de la política regional contra la minería ilegal y que se emitan recomendaciones correctivas.

Aunque la Comunidad Andina no puede imponer sanciones, sus resoluciones son vinculantes según la ley regional, lo que podría presionar al gobierno peruano a adoptar medidas correctivas o enfrentar consecuencias diplomáticas y reputacionales. Ipenza resaltó que la contaminación por mercurio y la minería ilegal no solo son un problema para Perú, sino que cruzan fronteras y tienen un impacto humano profundo. Las comunidades afectadas no buscan compensación económica, sino el reconocimiento urgente de sus derechos, la protección de sus territorios y la responsabilidad de un Estado que, según afirman, las ha abandonado.