Velásquez Quesquén niega respaldo institucional del Apra a Patricia Benavides: “Esto no es una causa del partido”

La reciente defensa legal que un grupo de abogados apristas ha desplegado en favor de Patricia Benavides, suspendida por el Poder Judicial de su cargo como fiscal suprema, ha generado cuestionamientos sobre un presunto respaldo del Apra como partido. Ante ello, el excongresista Javier Velásquez Quesquén aclaró que se trata de una decisión personal de los juristas implicados y que no refleja una postura institucional del aprismo.

A través de una entrevista realizada por Canal N, Velásquez subrayó que si bien respeta la trayectoria de figuras como Humberto Abanto y Jorge del Castillo, estos actúan a título individual y no representan al partido en el caso. Además, advirtió que no se debe comprometer el nombre del Apra en una causa que no forma parte de sus objetivos colectivos, marcando así una línea divisoria entre la defensa jurídica de Benavides y la posición oficial del histórico partido político.

Velásquez Quesquén fue enfático al desvincular al Apra de cualquier respaldo institucional a Patricia Benavides. “Esto no es una causa del partido. No comprometan a la institución”, señaló el exlegislador, al considerar que algunos sectores han querido presentar la participación de abogados apristas como una acción concertada desde el interior del partido.

El excongresista resaltó que si bien reconoce la trayectoria profesional de Abanto, a quien calificó como uno de los penalistas más destacados del país, su actuación en defensa de Benavides es legítima, pero estrictamente personal. Añadió que la exfiscal no ha tenido vínculos orgánicos con el partido, ni ha recibido respaldo formal de su dirigencia. “No estuvo en la Casa del Pueblo ni se le hizo un desagravio”, precisó.

Más allá del deslinde partidario, Velásquez Quesquén expresó su preocupación por el estado crítico del Ministerio Público. Cuestionó que las disputas entre fiscales de alto nivel hayan escalado a un punto donde se acusan mutuamente de liderar redes criminales, situación que, en su opinión, erosiona la legitimidad de la institución encargada de perseguir el delito.

“Hoy los ciudadanos ven cómo fiscales de la Nación se imputan entre ellos como jefes de organizaciones criminales. Eso es gravísimo”, afirmó. Para el exparlamentario, este escenario evidencia una descomposición profunda del sistema de justicia, cuyas bases legales ya no responden al contexto actual. Por ello, consideró imprescindible que la Comisión Especial del Congreso, encargada de proponer una reforma judicial, tome en cuenta este deterioro para plantear cambios de fondo.

Velásquez recordó que la ley que rige al Ministerio Público fue promulgada bajo un modelo penal que ya no está vigente. Se refirió específicamente al Decreto Legislativo 052 de 1981, diseñado para una estructura procesal que ha sido superada por la realidad. En esa línea, advirtió que sin una reforma integral, las pugnas internas y la politización del sistema judicial continuarán debilitando la confianza ciudadana.

Indicó que el vacío normativo y la falta de liderazgo creíble en el Ministerio Público hacen imposible una correcta administración de justicia. Consideró que la situación ha llegado a un punto límite en el que se necesita una reestructuración institucional con urgencia, acompañada de voluntad política y propuestas técnicas desde el Congreso y el Ejecutivo.

Al ser consultado sobre la situación de Patricia Benavides, Velásquez fue directo: “Ambas personas deberían dar un paso al costado”. Si bien evitó detallar a quiénes se refería exactamente, dejó en claro que los principales actores de la crisis actual, incluidos quienes se acusan mutuamente desde dentro del Ministerio Público, no pueden seguir en funciones mientras enfrentan cuestionamientos tan serios.

Para el excongresista, permitir que la confrontación continúe solo agravará el colapso institucional. En su opinión, es necesario que quienes estén involucrados en disputas que afectan la estabilidad de la justicia asuman responsabilidad política y se aparten, al menos mientras se desarrollan las investigaciones. Solo así, afirmó, podrá restablecerse una mínima credibilidad en las instituciones responsables de garantizar la legalidad en el país.