Indecopi lleva liquidación de Doe Run Perú a Bolsa: crece incertidumbre entre acreedores por millonario fideicomiso a cargo de Scotiabank

El Indecopi ha rechazado la continuidad de Consultores A-1 como liquidador de Doe Run Perú S.R.L. en liquidación y ha iniciado una convocatoria pública para seleccionar a una nueva entidad que asuma el proceso de disolución y liquidación de la empresa, según informó Infobae Perú.

Esta decisión, adelantada por Infobae Perú, marca un nuevo episodio en la prolongada y compleja historia de la liquidación de Doe Run Perú, uno de los casos más emblemáticos del sector minero en el país. El proceso, que se extiende desde 2010, involucra a extrabajadores, acreedores de servicios y entidades financieras, todos con intereses divergentes respecto al destino de los activos y la distribución de los fondos en disputa.

La resolución del Indecopi ha generado una reacción inmediata entre los trabajadores de Doe Run Perú, quienes han manifestado su preocupación por el futuro del proceso concursal. Mientras tanto, otros acreedores relevantes, como Depósitos Químicos Mineros (DQM), propiedad de la noruega Odfjell Terminals, aún no han emitido pronunciamiento público sobre la medida.

La Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi, al emitir la Resolución N° 3631-2025/CCO, decidió enviar a Bolsa de liquidación el caso de Doe Run Perú S.R.L. en liquidación (DRP). En este nuevo escenario, se busca elegir a una nueva empresa que asuma la responsabilidad de liquidar los activos de DRP, una tarea que Consultores A-1 venía desempeñando desde enero de 2022.

Durante ese periodo, Consultores A-1 logró como principales resultados la dación en pago del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la venta de la Unidad Minera Cobriza (UMC), entre otras acciones relevantes para el proceso.

Los representantes de los trabajadores han calificado la resolución del Indecopi como una salida “facilista”, argumentando que la entidad ignoró el pedido del crédito laboral, es decir, de los extrabajadores de DRP, quienes solicitaron formalmente destrabar un proceso que lleva 14 años en marcha mediante la convocatoria de una Junta Única.

Los trabajadores consideran que la decisión de enviar el caso a Bolsa de liquidación introduce un elemento de incertidumbre, ya que cualquier liquidador seleccionado podría priorizar sus propios intereses, como el cobro de una comisión de hasta el 20% por la ejecución de los activos.

Luis Alberto Cuadrado Cárdenas, representante del crédito laboral, expresó que “toda esta situación pone en incertidumbre a la masa laboral, porque sabemos que de la liquidación en bolsa puede salir cualquier liquidador que verá por sus intereses, como es cobrar hasta un tope del 20% de comisión por ejecutar los activos”.

Cuadrado añadió que los trabajadores están evaluando las medidas a tomar, ya que la resolución del Indecopi “no favorece para nada a los acreedores laborales”. Esta declaración refleja el malestar y la preocupación de 3.500 trabajadores y sus familias, quienes analizan las acciones a seguir ante un proceso que solo ha mostrado avances parciales en los últimos dos años.

El representante laboral subrayó que los trabajadores han respaldado el desarrollo del proceso a cargo de Consultores A-1 y señaló que el acreedor vinculante Doe Run Cayman ha sido el principal obstáculo para el avance de la liquidación, al trabar el convenio correspondiente. “No vamos a exponernos al ingreso de un nuevo liquidador que desconocemos su intención y su forma de trabajo, más aún cuando solo faltaba realizar un último activo”, advirtió Cuadrado Cárdenas.

Este último activo, según la información proporcionada, consiste en un fondo fideicomiso depositado en una cuenta bancaria, con un valor aproximado de 20 millones de dólares estadounidenses. Este monto deberá repartirse entre los acreedores laborales con deuda concursal y aquellos que no han podido cobrar deuda corriente, conforme a la normativa legal vigente, que establece que los acreedores comerciales cobrarán después de que se salde la deuda laboral.

En las últimas juntas de acreedores de Doe Run Perú, Consultores A-1 fue ratificada como empresa liquidadora con un 64% de respaldo, quedando a solo un 3% de alcanzar la mayoría calificada necesaria. Este dato refuerza la percepción de los acreedores laborales de que la Comisión de Procedimientos Concursales debió facilitar la voluntad de los acreedores y promover la convocatoria de una Junta Única, en lugar de optar por la liquidación en bolsa.

La resolución del Indecopi, que decide llevar el caso de DRP a Bolsa de liquidaciones sin un fundamento jurídico claro, según los trabajadores, contempla la posibilidad de impugnación. Es decir, se puede presentar un recurso de reconsideración o un recurso de apelación, lo que abre la puerta a nuevas acciones legales por parte de los afectados. Los trabajadores no descartan apelar la resolución, en busca de una salida que priorice sus intereses y garantice el pago de las deudas laborales acumuladas durante más de una década.