Suspensión de Patricia Benavides por el Poder Judicial solo da una ‘tensa calma’ al Ministerio Público

La decisión del Poder Judicial de suspender a Patricia Benavides como fiscal suprema y bloquear la decisión de la JNJ de reponerla como fiscal de la Nación ha dado un giro total en la actual situación que se vive en el Ministerio Público.

Diversos especialistas en derecho penal indicaron que la resolución del PJ le da, por el momento, una tensa calma a la Fiscalía de la Nación, ya que la defensa de Benavides se prepara para apelar esta decisión que, para ellos, “es llamativa y graciosa”.

El abogado penalista James Rodríguez sostuvo que en los argumentos del juez supremo se puntualizó la existencia de elementos probatorios que vinculan a Benavides con presuntas actividades irregulares dentro del Ministerio Público.

El juez de investigación preparatoria Segismundo León consideró que se acreditó una “sospecha grave” sobre su intervención en un entramado de corrupción, lo cual representa una clara amenaza para el aparato judicial si Benavides retornaba a sus funciones directivas en el organismo. Esta apreciación se basa en la premisa del riesgo de obstaculización de investigaciones, incluyendo casos emblemáticos como el de los “Cuellos Blancos del Puerto”.

A criterio de Rodríguez, la decisión del Poder Judicial fue clave para frenar la incertidumbre respecto al liderazgo del Ministerio Público. El especialista sostiene que, de no haberse adoptado esta suspensión, existía la posibilidad de que la Junta Nacional de Justicia intentara reponer a Benavides a la fuerza.

A su vez, el abogado José Ugaz calificó la suspensión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación como un nuevo capítulo en una crisis institucional que, según advierte, no se reduce a esta disputa puntual sino que es reflejo de un proceso prolongado de captación y deterioro en el sistema de designación de altos cargos en el país.

Ugaz recordó que la actual Junta Nacional de Justicia fue nombrada tras un proceso cuestionado por observadores internacionales por su falta de transparencia y meritocracia, y que desde entonces ha mostrado decisiones erráticas y escasa comunicación pública.

A su turno, el abogado Andy Carrión explicó que la resolución judicial reciente tiene efecto inmediato, impidiendo que Patricia Benavides asuma el cargo de fiscal de la Nación ni el de fiscal suprema, pese a que la Junta Nacional de Justicia había solicitado el uso de la fuerza para hacer cumplir su reposición. Carrión indicó que la decisión del Poder Judicial prevalece sobre lo administrativo, por lo que la JNJ ya no puede validar su propia resolución en este contexto.

Carrión subrayó que existen ahora dos interpretaciones judiciales distintas sobre casos similares, dependiendo del cargo en cuestión y del juez responsable (caso Tomás Gálvez). Recordó que este fallo aún no es definitivo y que, si es revisado por una instancia superior y esta lo revoca, permitiría la rehabilitación de la decisión de la JNJ y el eventual regreso de Patricia Benavides al cargo.

Consultado sobre si esta decisión constituye una solución definitiva a la crisis en la Fiscalía, James Rodríguez consideró que el pronunciamiento judicial era el mecanismo legal y necesario para poner fin al enfrentamiento entre las partes en pugna, es decir, entre Delia Espinoza y Patricia Benavides. Para el penalista, la intervención del Poder Judicial era insoslayable, pues se requería que un órgano jurisdiccional independiente estableciera límites claros, restituyendo la autoridad y el orden institucional tras semanas de incertidumbre y enfrentamientos públicos entre diferentes estamentos del Ministerio Público.

Para Rodríguez, el argumento central del Poder Judicial se sostiene en la protección de la integridad y el buen funcionamiento de la Fiscalía, evitando el regreso de una funcionaria sobre la que pesan graves sospechas. Esto no solo procura el avance limpio de las investigaciones internas sobre corrupción, sino que contribuye a la reconstrucción de la confianza pública en las instituciones.

En la misma línea, Ugaz reiteró que la decisión judicial busca poner un alto a la normalización de designación de autoridades bajo sospecha y a la permanencia en cargos de funcionarios que enfrentan denuncias o procesos serios por faltas éticas y delictivas. Además es una señal de que el país no debe aceptar la permanencia o regreso de figuras comprometidas en investigaciones por corrupción o abuso de poder.

El penalista subrayó que la reposición de Benavides no es ejecutable pues ya no mantiene la condición de aforada, e insistió en que urge un cambio en los estándares y conductas de quienes lideran instituciones fundamentales del Estado.

Por su parte, Carrión argumentó que la medida es preventiva y busca evitar que Benavides ejerza influencia o pueda perturbar investigaciones relevantes si ocupase el cargo durante el proceso. Destacó además que el juzgado ha dado importancia a la gravedad de las investigaciones en curso, lo que diferencia este caso de otros precedentes, donde jueces negaron suspensiones bajo el argumento de que el magistrado aún no ocupaba formalmente el puesto.

Los abogados de Patricia Benavides, Juan Peña y Humberto Abanto, se pronunciaron sobre la reciente suspensión judicial que impide temporalmente a Benavides ejercer como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

Juan Peña sostuvo que, aunque acatarán el dictamen “como hacen las personas decentes”, la defensa presentará un recurso de impugnación apenas reciban la notificación formal. Manifestó su extrañeza por la medida, señalando que se le suspende de cargos que, en la práctica, no ocupa en la actualidad. Asimismo, cuestionó la rapidez con la que se resolvió el recurso planteado por Delia Espinoza en comparación con los plazos que enfrenta habitualmente la defensa de Benavides.

Por su parte, Humberto Abanto consideró que la resolución es errónea e ilógica, ya que responde a la solicitud de una fiscal de la Nación para suspender a otra, situación que no tiene asidero cuando la Junta de Fiscales Supremos no ha reconocido a Benavides como fiscal de la Nación.

Abanto subrayó que la Junta Nacional de Justicia no tiene competencia para nombrar a la titular del Ministerio Público, sino reinstalar a una autoridad designada por el propio colegiado de fiscales supremos. En ese sentido, el abogado reiteró que la decisión será apelada y calificó la resolución como “disparatada”, afirmando que las explicaciones deberían encontrarse en el propio fallo y no es posible justificar una medida jurídicamente incoherente