Profesores nombrados que trabajan en penales podrían ser incorporados en la Carrera Pública Magisterial

El congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, ha propuesto el proyecto de ley 11745,con el objetivo de incorporar a los profesores nombrados en cárceles a la carrera pública magisterial (CPM).

En el documento también aparecen como coautores sus compañeros de bancada. En este caso son Flavio Cruz Mamani, María Taipe Coronado, Américo Gonza Castillo, Kelly Portalatino e Isaac Mita.

Según la iniciativa, para lograr la meta, se tendría que modificar el artículo 1 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, para que se incluya como instancias de labor el Ministerio de Educación (Minedu), el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), además de los maestros que prestan servicios en establecimientos penitenciarios, administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

“Regula sus deberes y derechos, la formación continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las remuneraciones y los estímulos e incentivos”, concluye.

En cuanto al financiamiento, los gastos serán cubiertos con los recursos del presupuesto institucional del Inpe, entidad que forma parte del Minjus. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá que transferir presupuesto hacia este sector.

En este caso, los profesores nombrados serán evaluados por el Minedu para que ingresen a la CPM. Se verificará que se cumplan los requisitos de la Ley 299944 y su reglamento. A efectos de esta parte, se reconocerá los años de servicio efectivo bajo los regímenes del Decreto Legislativo 276 y la Ley 29709, conforme a:

• De 1 a 2 años: Primera escala.
• De 3 a 5 años: Segunda escala.
• De 6 a 10 años: Tercera escala.
• De 11 a 14 años: Cuarta escala.
• De 15 años a más: Quinta escala.

Por último, los docentes que se incorporen a la Carrera Pública Magisterial, mantendrán sus derechos laborales adquiridos. El proceso de transición no deberá durar lmás de 80 días calendario y continuarán percibiendo sus remuneraciones bajo el régimen anterior, hasta completar su incorporación definitiva.

La propuesta del legislador de Perú Libre presenta una serie de costos claros y detallados. El gasto más significativo corresponde al diferencial remunerativo proyectado en S/ 8.5 millones anuales para 180 docentes, diseñado para elevar la calidad del proceso de reinserción. A este monto se agrega la previsión de S/ 3.2 millones anuales en bonificaciones adicionales, que tienen por objetivo incentivar la permanencia y desempeño óptimo del personal vinculado al programa.

Dentro de la transición al nuevo modelo, el análisis financiero contempla un costo administrativo único de S/ 850 mil, destinado a la adecuación de procesos y sistemas de gestión. A esto se suma una inversión puntual de S/ 420 mil en capacitación y evaluación, necesaria para iniciar el proyecto con el equipo docente preparado y así garantizar una primera etapa eficiente. En total, la propuesta demanda un desembolso estimado de S/ 12.97 millones anuales, más S/ 1.27 millones en gastos únicos.

Los beneficios económicos superan ampliamente la inversión requerida. La reducción proyectada del 10% en la reincidencia dará margen para evitar cerca de 2.400 nuevos ingresos al sistema penitenciario cada año. Esto producirá un ahorro estimado de S/ 180 millones en costos de albergue y tratamiento de internos, lo que supone un impacto positivo tanto en el presupuesto del sector como en la sociedad.

El fortalecimiento de la empleabilidad entre los ex-internos permitirá incrementar la recaudación tributaria en S/ 15 millones anuales, asociado a una mayor inserción laboral formal. A su vez, la caída en la actividad delictiva reducirá el gasto en investigaciones, procesos judiciales y reparaciones, generando ahorros adicionales de S/ 95 millones al año para el sistema de justicia y la administración pública.