El Poder Judicial dispuso la suspensión de Patricia Benavides por dos años, luego de declarar fundado el requerimiento de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Por ello, la ex titular del Ministerio Público no volverá a su puesto anterior, como pretendía la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Sobre este caso, el abogado penalista Andy Carrión, en entrevista con Canal N, precisó que el mandato judicial se aplica prevaleciendo sobre cualquier decisión administrativa emitida previamente por la JNJ. El escenario ha quedado momentáneamente definido por el PJ, que a través de esta resolución zanja la controversia institucional que se mantenía abierta. “La Junta Nacional de Justicia ya no puede intervenir en exigir la aplicación de su decisión, porque ha perdido competencia. Ahora la resolución del conflicto corresponde al Poder Judicial”, sostuvo.
Aunque esta medida es ejecutada en primera instancia, la defensa legal de Benavides tiene oportunidad de apelar. Mientras se resuelve en la Corte Suprema, la suspensión puede mantenerse entre uno y dos meses, según el abogado. Por ello, cualquier intento de reposición administrativa queda momentáneamente fuera de competencia.
Otro aspecto es la posibilidad de apelar. Benavides puede plantear un recurso judicial, pero el proceso ante la Corte Suprema podría prolongarse durante uno o dos meses. Mientras ello ocurre, la suspensión continua vigente, con efectos inmediatos y de obligatorio cumplimiento. Solo un nuevo fallo definitivo podría modificar este escenario, conforme avance el proceso.
Ante la consulta sobre nuevas vías judiciales, Andy Carrión indicó que no quedan alternativas para plantear recursos ante esta instancia. El proceso ha sido “zanjado” por el Poder Judicial, precisó. De esta forma, ningún otro juez puede intervenir ni plantear una resolución alternativa mientras esta medida permanezca vigente. Esto elimina la posibilidad de judicializar nuevamente el caso, restringiendo el margen para acciones constitucionales adicionales orientadas a la reposición de Benavides.
José Domingo Pérez expresó su respaldo
El fiscal superior José Domingo Pérez expresó su respaldo a la suspensión de Patricia Benavides dictada por el Poder Judicial y señaló que esta decisión contribuye a fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público en Perú. Indicó que esta medida permite que los fiscales desarrollen sus investigaciones sin presiones ni interferencias, resaltando la importancia de mantener la autonomía institucional. Recordó que la suspensión se dio a partir de la solicitud de Delia Espinoza ante las denuncias por encubrimiento y organización criminal vinculadas a la exfiscal de la Nación.
Consideró que la sanción que recae sobre Benavides no debe quedar como una acción aislada. Expresó la necesidad de que se evalúen medidas similares para otros altos funcionarios señalados en las investigaciones, como el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Antonio Fernández. Sobre este funcionario, Pérez informó que existe una solicitud formal del fiscal Rafael Vela para que se analice su posible suspensión, al estar vinculado a la presunta red que operaba desde dentro del Ministerio Público.
Pérez también relató que existen actores dentro de la Fiscalía que obstaculizan el trabajo de los fiscales en casos emblemáticos. Hizo énfasis en la necesidad de condiciones mínimas para investigar y actuar con independencia, planteando que el avance de las pesquisas requiere eliminar los factores de presión interna y externa. El fiscal señaló que se debe garantizar la autonomía del Ministerio Público frente a interferencias políticas o institucionales, tanto provenientes del Congreso como de otros entes del Estado.
Para Domingo Pérez, la decisión de suspender a Patricia Benavides abre la posibilidad de que la institución recupere condiciones para trabajar con libertad, respeto a la legalidad y garantías para continuar con las investigaciones. Señaló que el cumplimiento de las resoluciones judiciales y el seguimiento de procedimientos coherentes permitirán avanzar sobre las estructuras que, de acuerdo con la tesis fiscal, continúan operando dentro de la entidad. Así, reafirmó su compromiso y el de su equipo para continuar con las investigaciones en curso, con el objetivo de consolidar la confianza ciudadana en la Fiscalía.
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