Patricia Benavides podría interferir en sus propias investigaciones si regresa: Las razones del PJ para suspenderla

Patricia Benavides podría interferir en las diversas investigaciones en su contra si es que regresa como fiscal de la Nación. Esta es una de las razones del Poder Judicial para aceptar el pedido de Delia Espinoza para que se le suspenda del cargo de fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

De acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae Perú, hay un “riesgo grave” de que Benavides obstaculice los procesos en su contra porque "ha demostrado tener capacidad real y efectiva para influir en fiscales subordinados, remover o designar fiscales con fines indebidos, disponer el archivo de investigaciones relevantes e interferir activamente en el curso de investigaciones sensibles“.

Y es que, de acuerdo con el juez supremo Segismundo León, en caso de que Patricia Benavides asuma el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación “sería ella quien tendría que dirigir las investigaciones en su contra” por ser una alta funcionaria. Y, si bien se tendría que abstener por ser la investigada, igual podrá designar al fiscal que se encargue de investigarla.

“Lo que, igualmente, resultaría irracional si atendemos que los hechos delictivos por los cuales se instruye la presente causa, es por haber presuntamente designado, cambiado y cesado fiscales, no por fines institucionales sino por intereses particulares, todo ello sin perjuicio de las amplias facultades y potestades que tendría debido a su condición de máxima autoridad del Ministerio Público y/o fiscal suprema”, se lee en la resolución.

En la resolución también se justifica por qué se impone una medida como la suspensión de derechos en una etapa previa (diligencias preliminares) a la que normativamente está prevista (investigación preparatoria).

En el caso de Patricia Benavides, debido a que tiene prerrogativa de antejuicio político, para pasar a la investigación preparatoria se requiere que el Congreso acuse constitucionalmente. Sin embargo, el fiscal Luis Ballón informó que ninguna de las 6 denuncias constitucionales presentadas contra la exfiscal de la Nación siquiera ha sido tramitada por el Parlamento.

Es decir, dice el juez, hay una voluntad manifiesta por parte de la Fiscalía para pasar a la investigación preparatoria, pero no es posible porque el Congreso no tramita las denuncias. Esto es una “contradicción insoportable”.

“Constituye una contradicción insoportable entre el fin asignado al Ministerio Público de contar con herramientas procesales que le permitan desarrollar con eficacia sus funciones constitucionales, y la limitación de desarrollar la medida de coerción en una distinta etapa de investigación a la cual no se puede pasar por la falta de pronunciamiento de la Representación nacional”, se lee en la resolución.

El juez Segismundo León sostiene que “cualquier pronunciamiento posterior resultaría tardío” ya que lo que se busca es neutralizar toda posibilidad de Patricia Benavides pueda cometer nuevos delitos u obstaculice las investigaciones que se le siguen.

“De no proceder con la medida solicitada el peligro de menoscabo a la integridad de las investigaciones abiertas en contra de la investigada, es patente”, advierte el magistrado, que considera que, si bien se está restringiendo medianamente un principio del debido proceso, se garantiza la función de la Fiscalía de investigar y perseguir el delito.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza solicitó que la suspensión que se le imponga a Patricia Benavides sea de 36 meses. Sin embargo, el juez supremo Segismundo León solo accedió a dictar la medida por 24 meses.

El magistrado justificó esto en que esta investigación inició hace un año, en junio de 2024, por lo que debido al paso del tiempo es proporcional el plazo de 24 meses.

En este caso se le atribuye a Patricia Benavides presuntamente haber hecho uso del cargo de fiscal de la Nación para interferir en las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto para favorecer principalmente a José Luis Castillo Alva. En total fueron cinco hechos, de los cuales el juez concluyó que en tres hay sospecha suficiente para que se imponga la suspensión.