La justicia peruana ha comenzado a desarticular lo que podría ser uno de los fraudes bancarios más graves de los últimos años. El 13° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima ordenó la detención preliminar de diez personas señaladas como presuntos integrantes de una organización criminal que habría operado dentro y fuera del Banco BBVA Perú, defraudando a la entidad con préstamos otorgados mediante información falsa y empresas fachada.
La resolución judicial, emitida a pedido del Ministerio Público, también autorizó el allanamiento de viviendas y oficinas, así como la incautación de bienes, el levantamiento del secreto bancario y la intervención de comunicaciones. El monto total del perjuicio económico al banco ascendería a más de 180 millones de soles, según la Fiscalía.
¿Cómo operaba esta red de fraude financiero?
De acuerdo con la tesis del despacho fiscal a cargo de la fiscal provincial Miluska Romero Pacheco, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Miraflores, San Borja y Surquillo, la red criminal utilizó el sistema financiero formal para canalizar préstamos que nunca serían devueltos.
El esquema se habría basado en lo siguiente:
- Empresas solicitaban créditos, leasing o factoring ante el BBVA.
- Funcionarios del propio banco aprobaban las solicitudes a pesar de que las compañías no contaban con garantías reales ni solvencia económica comprobada.
- Una vez aprobado el financiamiento, el dinero era entregado a los supuestos proveedores, quienes luego lo desviaban a otras compañías relacionadas o lo retiraban en efectivo.
- Las empresas beneficiadas no cumplían con las obligaciones financieras ni con la entrega real de bienes.
El expediente fiscal señala que se utilizó documentación falsa, empresas inactivas que se reactivaban antes de pedir créditos, y vínculos familiares o laborales entre los solicitantes, proveedores y funcionarios que aprobaron las operaciones.
¿Quiénes son los investigados?
Entre los diez detenidos hay tres extrabajadores del BBVA Perú, quienes ocupaban cargos ejecutivos en el área de banca empresas. Ellos habrían facilitado internamente los productos financieros a las compañías involucradas.
Además, se detuvo a empresarios y representantes legales de las firmas que recibieron los préstamos irregulares. Algunos de los nombres señalados en la investigación son Marco Gaitán Chunga, Christian Bobadilla Ortega y Diego Araujo Ugarte, quienes ocupaban cargos dentro del banco y, según la Fiscalía, cumplían un rol clave en la aprobación de los créditos fraudulentos.
En el otro extremo están representantes de diversas empresas creadas o reactivadas para solicitar el dinero. Entre ellas figuran:
- Frío Superfish SAC
- Servicios Generales San José SAC
- Fomenta Pesquera SAC
- Tecnología de Alimentos San Luis SAC
- Morro Sama Inversiones EIRL
- Distribuidora Steel Wire SAC
- Corporación Triple AAA SAC
- Grupo Alifer SAC
- Planos Ingeniería Construcción SAC
- Negociaciones Mar del Plata SAC, entre otras.
Según información obtenida por Perú21, que accedió a la disposición fiscal del caso, la organización habría operado a través de al menos 11 empresas, utilizando mecanismos financieros como el leasing y el factoring para canalizar los fondos.
En varios casos, los representantes de estas empresas tenían vínculos entre sí (como relaciones de pareja o familiares directos), lo que refuerza la hipótesis fiscal de que se trataba de un grupo coordinado y no de fraudes aislados.
¿Qué medidas tomó el Poder Judicial?
El juez Danny Arturo Sánchez Uchuypoma, a cargo del caso, dictó:
- Detención preliminar por 7 días para 10 personas.
- Allanamientos simultáneos a domicilios y oficinas.
- Incautación de computadoras, documentos y bienes mobiliarios.
- Levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario de los involucrados.
Estas diligencias se desarrollaron a mediados de junio y estuvieron a cargo de la Policía Nacional, con participación del equipo fiscal.
El caso podría tener ramificaciones mayores
Aunque por el momento se han detenido a diez personas, el expediente incluye a otras cinco personas naturales bajo investigación, y al menos 18 empresas han sido señaladas como beneficiarias de operaciones irregulares.
Una de las figuras que también aparece en este caso es Martín de Jesús Montoya Marcilla, empresario vinculado al caso Sada Goray por presunto financiamiento de sobornos. Sus compañías, Almacenes Mayoristas SAC y MJC Group SAC, también figuran entre las empresas que accedieron a productos financieros del BBVA. Montoya falleció el 17 de junio, días antes de que se emitiera la orden judicial de detención preliminar.
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