Caso Saweto: juicio por asesinato de líderes indígenas entra a su etapa final tras 11 años de impunidad

El proceso judicial por el asesinato de los cuatro líderes indígenas ashéninka de la comunidad nativa de Alto Tamaya-Saweto, en la región amazónica de Ucayali, ha entrado en su fase final. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali evalúa la sentencia por el crimen cometido en septiembre de 2014 contra Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, quienes fueron asesinados tras denunciar reiteradamente la presencia de taladores ilegales en sus territorios comunales.

La Fiscalía Superior de Pucallpa solicitó elevar la condena de los acusados a 33 años de prisión efectiva, luego de que una sentencia anterior —de 28 años y tres meses— fuera apelada. Actualmente, los procesados están en libertad mientras se espera la decisión judicial.

El abogado penalista José Ugaz, convocado por la defensa de las viudas de los líderes indígenas, sostuvo que existe evidencia sólida que vincula directamente a los acusados con el crimen, en especial a José Carlos Estrada Guaita, empresario maderero y dueño de la empresa Eco SAC, señalada por las incursiones ilegales.

“Hay un testigo protegido que escuchó directamente cómo uno de ellos, el propietario de Eco SAC, decía: ‘Tráiganme su cabeza en una bandeja de plata, yo les voy a pagar’”, relató Ugaz en entrevista con RPP. Según explicó, esta conversación tuvo lugar en un bar días antes del asesinato, y fue seguida de reuniones en las que los implicados hablaron abiertamente sobre la eliminación de los dirigentes.

Tras las amenazas, Edwin Chota y Jorge Ríos fueron interceptados cerca de una quebrada del río Tamaya. “Estas personas lo vieron, lo ingresaron, lo agredieron, le dijeron: ‘Te vamos a matar’”, añadió Ugaz, quien también advirtió que, tras los asesinatos, los autores fueron escuchados “pidiendo que se les pague por haber cometido el crimen”.

Para la defensa de las víctimas, hay más de 35 elementos indiciarios que sustentan la acusación y evidencian una organización criminal tras el asesinato. “Hemos logrado evaluar un conjunto de 35 indicios en el contexto de este expediente que tiene ya muchos años”, indicó Ugaz.

A pesar de ello, los acusados continúan en libertad. “Si no se toman las previsiones del caso, este señor Estrada puede desaparecer. Porque si se le dicta condena, la pena será ejecutable de inmediato”, advirtió el abogado, alertando sobre el alto riesgo de fuga.

Durante las audiencias, José Carlos Estrada asistió con dos abogados, mientras que otros implicados —como los hermanos Machi y Hugo Soria— están representados por defensa legal, algunos de manera virtual. Un ciudadano brasileño implicado, presuntamente vinculado al crimen organizado en la zona fronteriza, ya se encuentra no habido.

Desde 2008, Edwin Chota y sus compañeros venían denunciando a una mafia maderera que operaba dentro del territorio comunal ashéninka en la frontera con Brasil. Presentaron cartas, informes con coordenadas geográficas, e identificaron a los presuntos responsables ante la Policía, el Ministerio Público y el Gobierno Regional de Ucayali. Sin embargo, fueron ignorados.

Tras su desaparición en 2014, los cuerpos de los dirigentes fueron hallados con signos de tortura, escopetazos y cuchilladas. Algunos restos habían sido calcinados. El crimen pudo evitarse si las autoridades hubieran actuado oportunamente ante las múltiples advertencias y denuncias de los líderes.

El proceso también estuvo marcado por dilaciones e irregularidades. El pasado 6 de mayo de 2025, la audiencia de apelación fue suspendida por la renuncia del intérprete ashéninka, lo que impidió que las viudas participaran de forma efectiva. La Corte de Ucayali informó que el Ministerio de Cultura tardaría hasta 20 días en designar a un nuevo intérprete.

La audiencia fue reprogramada para el 15 de mayo. La falta de acceso a interpretación adecuada ha sido un problema recurrente en este proceso y evidencia la exclusión estructural que enfrentan las comunidades indígenas en el sistema de justicia.

En abril de 2024, la presidenta Dina Boluarte prometió a las viudas de Saweto pensiones de viudez y orfandad, apoyo educativo para los huérfanos y obras básicas de infraestructura para la comunidad.

Ucayali sigue siendo una de las regiones más peligrosas para los defensores del medio ambiente. En los últimos 15 años, al menos 35 dirigentes indígenas han sido asesinados por proteger sus territorios.

“Este caso es emblemático porque representa lo que ocurre cuando el Estado abandona a quienes defienden la Amazonía”, concluyó Ugaz. “El Perú tiene 35 dirigentes indígenas asesinados en los últimos años. Defender la tierra no puede seguir costando la vida”.