Ocho adolescentes, entre 16 y 17 años, se encuentran actualmente recluidos en el penal El Milagro, ubicado en Trujillo, región La Libertad. El dato fue confirmado por la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región, que advirtió sobre las consecuencias inmediatas de la Ley 32330, promulgada el pasado 10 de mayo, la cual modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
La cuestionada medida obliga que menores acusados por determinados delitos puedan ser internados directamente en penales comunes. En La Libertad, desde la entrada en vigencia de esta ley, ya hay ocho adolescentes bajo esta condición: siete varones y una mujer, provenientes de las provincias de Trujillo, Julcán, Virú y Paiján.
Según la Defensoría, la mayoría enfrenta cargos vinculados al delito de extorsión. Sin embargo, su internamiento no se da en un centro juvenil especializado, sino en uno de los penales con mayor índice de hacinamiento del país: El Milagro, cuya infraestructura fue diseñada para 1,600 internos, pero actualmente alberga a 6,243 personas.
Condiciones críticas de reclusión y hacinamiento
La representante de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, Maricarmen Olórtegui, detalló que los adolescentes se encuentran en condiciones que podrían afectar cualquier proceso de resocialización. Además del hacinamiento, indicó que existen limitaciones logísticas y presupuestales tanto en los penales como en los centros juveniles.
El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, por ejemplo, tiene una capacidad instalada de 105 adolescentes, pero aloja actualmente a 234. En ese espacio también se identificó otro problema: más del 60% de los internos ya son mayores de edad, lo que, según la Defensoría, afecta la dinámica del proceso pedagógico y de resocialización.
En cuanto al penal de mujeres, también ubicado en la ciudad de Trujillo, se informó que fue construido para 299 internas, pero actualmente alberga a 568.
La Defensoría ha presentado un hábeas corpus en favor de los adolescentes internados en El Milagro y está a la espera de una respuesta. Paralelamente, respaldan el proceso de inconstitucionalidad que impulsa el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, respecto a la Ley 32330.
Más de 400 menores intervenidos por la policía en La Libertad
Desde la entrada en vigencia de la norma, la Policía Nacional del Perú ha intervenido a 409 menores en la región La Libertad por diversos delitos, según datos recogidos por la Defensoría. Sin embargo, la funcionaria remarcó que el encarcelamiento en penales comunes no ha representado una solución efectiva para frenar la reincidencia ni la violencia delictiva.
El argumento principal es que los adolescentes que cometen delitos provienen, en su mayoría, de entornos familiares complejos, con poca presencia del Estado y escaso acceso a oportunidades educativas o laborales.
La situación de los ocho menores recluidos en El Milagro refuerza esa lectura. Todos provienen de hogares disfuncionales, sin recursos suficientes para continuar estudios. En al menos cuatro casos, se ha confirmado que los adolescentes tienen o han tenido familiares en prisión.
Para la oficina defensorial en La Libertad, una de las mayores preocupaciones radica en el riesgo de consolidar perfiles delictivos entre adolescentes que no acceden a un proceso real de rehabilitación. “Así reciban una sentencia, si no hay atención adecuada y la estructura estatal es débil, es probable que al salir se conviertan en los futuros cabecillas o sicarios de organizaciones criminales”, señaló Olórtegui durante una visita a medios locales.
Aunque la ley establece que los menores pueden ser derivados a penales si el delito lo amerita, la Defensoría insiste en que su tratamiento debe realizarse en espacios diferenciados, orientados al acompañamiento educativo, psicológico y social, más aún si el objetivo es evitar la reincidencia.
La institución también ha solicitado a las autoridades regionales y nacionales destinar recursos para mejorar la infraestructura y capacidad del Centro Juvenil de Trujillo, e implementar unidades móviles de atención preventiva en zonas con mayores índices de violencia juvenil.
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