Pedro Castillo denuncia penalmente a Dina Boluarte por traición a la patria tras firmar Tratado de Alta Mar

Pedro Castillo presentó una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte y 58 congresistas, cuestionando la suscripción del Tratado de Alta Mar durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano. El documento, difundido por el exministro de Defensa Walter Ayala, fue suscrito por el vacado exmandatario en calidad de ciudadano y desde el penal de Barbadillo.

Castillo fundamentó su pedido con base en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, solicitando la investigación penal de los supuestos responsables. En el escrito, denunció la presunta comisión de traición a la patria, tipificada en el artículo 325 del Código Penal, que prevé hasta 15 años de prisión. El documento también invoca el artículo 376 sobre abuso de autoridad y hace mención a la omisión de actos funcionales.

El texto hace referencia al artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece que un Estado no puede alegar como vicio de consentimiento la violación de una norma interna salvo que dicha violación sea manifiesta y afecte de manera fundamental un principio interno. Para Castillo, la firma del Tratado de Alta Mar representaría una vulneración de la soberanía nacional sobre las 200 millas marítimas, tal como señala la Constitución peruana en su artículo 54.

El tratado en cuestión fue firmado por Perú en la ciudad de Niza, Francia, durante la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano, bajo representación oficial del país. Actualmente, el acuerdo todavía no ha sido ratificado por el Congreso peruano. No obstante, de acuerdo con la denuncia, la suscripción del tratado se interpreta como una potencial afectación a la soberanía marítima nacional.

Cabe mencionar que no es la primera denuncia de ese tipo. El periodista C. Alfredo Vignolo G. del V. interpuso días atrás una demanda contra la mandataria y la Presidencia de la República en su calidad institucional, por los mismos hechos. La denuncia elaborada por el comunicador también sostiene que la firma del acuerdo constituye una “afectación directa a la soberanía marítima nacional” y colisiona con la Constitución al suponer una limitación sobre el dominio marítimo peruano. Asimismo, hace referencia a las 200 millas marítimas.

Al especto, el canciller Elmer Schialer y el exvicecanciller Hugo de Zela, junto a exdirectivos gremiales, señalaron que existe un desconocimiento sobre el contenido y alcance del Tratado. Schialer descartó que el acuerdo genere limitaciones sobre la soberanía peruana y precisó que se trata de un tratado ambiental de aplicación fuera de la jurisdicción nacional. De Zela añadió que el tratado no tiene vinculación con la Convención del Mar (Convemar) y que el texto incluso especifica que no aplica dentro de las 200 millas peruanas.

Por su parte, Jesús Salazar, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), recalcó que el acuerdo aborda el uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas fuera de jurisdicciones nacionales, donde ningún país tiene dominio.

El Tratado de Alta Mar, denominado oficialmente como “Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” (BBNJ por sus siglas en inglés), es un acuerdo internacional adoptado en 2023 por Naciones Unidas. Su principal objetivo es establecer un marco legal vinculante a nivel global para la protección de la biodiversidad en áreas oceánicas ubicadas más allá de las 200 millas náuticas que delimitan las zonas económicas exclusivas de los países.

Estas áreas comprenden aproximadamente dos tercios de la superficie marina del planeta y hasta la adopción del tratado carecían de una regulación medioambiental internacional efectiva. El texto impulsa la creación de áreas marinas protegidas, regula actividades como la pesca, la minería submarina y la bioprospección genética, y establece mecanismos para asegurar la participación equitativa en los beneficios derivados de los recursos genéticos de alta mar.

Hasta la fecha, 136 de los 197 países miembros de la ONU han firmado el Tratado de Alta Mar, aunque solo 50 lo han ratificado, cifra insuficiente para su entrada en vigor, ya que se requiere de al menos 60 países.

Entre los firmantes se encuentran Albania, Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Francia, Alemania, Grecia, Italia, México, Noruega, Perú, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos, Uruguay y Vietnam, entre otros.

Respecto a los países que han ratificado el tratado, figuran Albania, Angola, Bahamas, Bangladés, Barbados, Bélgica, Belice, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Francia, Grecia, Hungría, Indonesia, Jamaica, Jordania, Letonia, Malta, Micronesia, Mónaco, Noruega, Panamá, Portugal, Santa Lucía, Seychelles, Singapur, España, Tuvalu y Vietnam, entre otros.