Doe Run Perú se queda sin liquidador: Indecopi rechaza a Consultores A-1 y declara improcedente liberación del fideicomiso

Indecopi ha rechazado la continuidad de Consultores A-1 como liquidador de Doe Run Perú S.R.L. en liquidación y ha iniciado una convocatoria pública para seleccionar a una nueva entidad que asuma el proceso de disolución y liquidación de la empresa, tras una serie de controversias y sanciones que han marcado el procedimiento concursal desde 2010.

La decisión de Indecopi se formalizó mediante la Resolución N° 3631-2025/CCO-INDECOPI, en el marco del expediente N° 33-2010/CCO-INDECOPI, y representa un nuevo capítulo en la compleja historia de la liquidación de Doe Run Perú, unos de los casos más emblemáticos del sector minero peruano.

El proceso, que se arrastra desde hace más de una década, involucra a múltiples actores, entre ellos extrabajadores, acreedores de servicios y entidades financieras, todos con intereses contrapuestos sobre el destino de los activos y el reparto de los fondos en disputa.

El procedimiento concursal ordinario de Doe Run Perú se declaró oficialmente el 14 de julio de 2010, según la Resolución N° 4985-2010/CCO-INDECOPI. Desde entonces, la Junta de Acreedores ha tomado decisiones clave, como la aprobación de la liquidación en marcha en abril de 2012 y la designación de diversas entidades liquidadoras a lo largo del tiempo. En septiembre de 2020, la Junta designó a Alta Sierra como liquidador, pero en 2021 Indecopi dejó sin efecto su registro, lo que obligó a buscar un nuevo administrador para el proceso.

En enero de 2022, Consultores A-1 S.A.C. fue designada como entidad liquidadora de Doe Run Perú. La ratificación de esta designación y la aprobación del convenio de liquidación se produjeron en marzo de ese año. Sin embargo, la estabilidad de Consultores A-1 en el cargo resultó efímera. En diciembre de 2024, Indecopi dejó sin efecto su registro como entidad autorizada para asumir funciones de liquidador, notificando a Créditos Laborales —representantes de los extrabajadores— para que convocaran a la Junta de Acreedores y designaran un reemplazo, conforme a la Ley General del Sistema Concursal.

La situación se complicó aún más cuando, en enero de 2025, Consultores A-1 recuperó temporalmente su registro y, en febrero, la Junta de Acreedores volvió a designarla como liquidadora. No obstante, la aprobación del convenio de liquidación quedó pendiente. En la reunión del 21 de febrero de 2025, la Junta no ratificó la vigencia del convenio previamente aprobado en marzo de 2022. Indecopi, mediante la Resolución N° 2049-2025/CCO-INDECOPI del 31 de marzo de 2025, exhortó a la Junta a tratar la aprobación del convenio, lo que derivó en nuevas convocatorias para mayo de ese año.

El 20 de mayo de 2025, la Junta de Acreedores ratificó a Consultores A-1 como liquidador, pero nuevamente no aprobó el convenio de liquidación. Esta falta de acuerdo resultó determinante. Según la interpretación de Indecopi, la representación legal de la deudora solo puede asumirse efectivamente por la entidad liquidadora una vez celebrado el convenio de liquidación.

El artículo 83 de la Ley General del Sistema Concursal establece que el cargo de liquidador puede asumirse únicamente por suscripción del convenio de liquidación o por designación de la Comisión. Dado que la Junta designó a Consultores A-1 pero no aprobó el convenio, la entidad no podía ejercer las funciones correspondientes.

Indecopi precisó que, tras la designación y ratificación del liquidador, la Junta de Acreedores no suscribió el convenio de liquidación, por lo que los acuerdos de designación y ratificación no surtieron efectos. En palabras de la resolución, “la entidad liquidadora designada no puede asumir las funciones que le corresponden en un proceso de disolución y liquidación, ya que no cuenta con un convenio de liquidación aprobado por la Junta de Acreedores, de conformidad con lo establecido en los artículos 82 y 83 de la Ley General del Sistema Concursal”.

La disputa entre los acreedores de Doe Run Perú se ha centrado en el destino de 20 millones de dólares (aproximadamente 73 millones de soles) mantenidos en un fideicomiso administrado por Scotiabank. El banco no puede liberar los fondos hasta que se alcance un acuerdo entre las partes. Por un lado, los extrabajadores exigen prioridad en el pago, mientras que los acreedores de servicios, como Depósitos Químicos Mineros (DQM), propiedad de la noruega Odfjell Terminals, advierten que si los extrabajadores cobran primero, no se podrá honrar las obligaciones hacia las empresas de servicios.

En este contexto, Consultores A-1 ha recibido el respaldo de los extrabajadores, quienes reconocen su gestión en la venta de la mina Cobriza y el avance en el pago parcial del complejo metalúrgico. Sin embargo, la entidad también ha enfrentado múltiples sanciones por parte de Indecopi. En 2023 y 2024, Consultores A-1 fue sancionada en dos oportunidades, y en el marco de denuncias recientes, recibió una tercera sanción de aproximadamente 100 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), cifra que equivale a 520.000 soles. Una cuarta sanción se produjo cuando perdió el registro el 3 de diciembre de 2024, debido a que uno de sus socios, Renato Iriarte, mantenía deudas con la SUNAT en centrales de riesgo.

Entre las denuncias más graves contra Consultores A-1 destaca la disposición de fondos del fideicomiso ambiental después de haber perdido su registro como liquidador. El 4 de diciembre de 2024, el mismo día en que fue notificada de la pérdida de su registro, la entidad realizó actos de disposición del fideicomiso, lo que agravó su situación y motivó nuevas acciones por parte de Indecopi.