Toma de la UNFV entra a su quinto día: estudiantes denuncian falta se soluciones, presión y amenazas

La protesta no se detiene. Por quinto día consecutivo, estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) mantienen tomada la sede ubicada en la avenida Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima.

La medida de fuerza responde a una serie de demandas no resueltas por parte de las autoridades universitarias, entre ellas la falta de matrícula regular, la ausencia de docentes y carencias en servicios como biblioteca, comedor y atención médica, según señalan.

La toma comenzó el jueves 19 de junio con la participación de alrededor de 50 alumnos de la Facultad de Humanidades. Desde entonces, los estudiantes permanecen dentro del recinto universitario, donde se han registrado tensiones con personal de seguridad. Afirman que, a pesar de que el ciclo académico 2025-I ya inició y concluyeron los exámenes parciales, no han sido matriculados oficialmente.

“Queremos que se reactive nuestra matrícula del periodo 2025-1 y 2025-2. Hasta el momento no nos hemos matriculado, por lo que no somos estudiantes de esta universidad. Para la Sunedu somos invisibles”, declaró uno de los representantes estudiantiles a Infobae Perú.

Además, denunciaron que el comedor universitario no está operativo, los títulos de bachiller no se entregan en los plazos establecidos, y no se han emitido los carnés universitarios, lo que afecta directamente su acceso al medio pasaje y su participación en elecciones estudiantiles.

El conflicto se agudizó luego de las mesas de diálogo sostenidas el domingo 22 de junio. Según los estudiantes, el vicerrector académico impuso un cronograma sin previa consulta, bajo la advertencia de que, si no era aceptado, se procedería a la intervención policial del local y a procesos penales contra los manifestantes.

“Denunciamos la manipulación, la presión institucional y el intento de fragmentar y deslegitimar al movimiento estudiantil”, afirmaron a través de un comunicado difundido en redes sociales. Aseguran que la rectora Cristiana Alzamora será responsable de cualquier acto de violencia, represión o represalia legal contra los manifestantes.

Los estudiantes señalan que tres compañeras que asistieron como oyentes a la primera mesa fueron presionadas para tomar decisiones sin haber sido elegidas como representantes. “Los compañeros que firmaron el acta no tomaron decisiones autónomas, sino que actuaron como meros transmisores de lo acordado en la Asamblea General Extraordinaria, y bajo condiciones de presión externa”, denunciaron.

Cabe precisar que hasta el momento, las autoridades universitarias no han brindado declaraciones a la prensa.

Durante horas de la mañana del lunes 23 de junio, el colectivo estudiantil reafirmó que la toma del local continúa. “Seguimos en toma, no se abrirán las puertas”, se lee en uno de los mensajes compartidos. También indicaron que el personal de limpieza permanece afuera del recinto, a la espera de una posible reincorporación.

En otro mensaje, alertaron sobre una eventual intervención policial o presencia de “matones”. Por ello, hicieron un llamado a todos los bloques universitarios y a la prensa tradicional e independiente para registrar lo que ocurre.

Ante una posible intervención policial y el anuncio de la Defensoría del Pueblo que señalaba el supuesto levantamiento de la toma, los estudiantes desmintieron lo expresado por la entidad y convocaron a una nueva concentración para este lunes a las 8:00 a.m. en la sede central, con el objetivo de visibilizar la protesta y exigir una nueva mesa de diálogo.

Los estudiantes que mantienen tomada la sede central de la Universidad Nacional Federico Villarreal plantearon una serie de demandas que consideran prioritarias para la solución del conflicto. Entre ellas se encuentra la reestructuración de la Oficina Central de Registro Académico y Control Curricular (OCRACC), a la que responsabilizan por los problemas de matrícula que originaron la protesta.

También exigen la creación de un Comité Electoral que garantice procesos internos democráticos y transparentes, así como la implementación urgente de una plataforma virtual eficiente para gestionar la matrícula y el registro de notas. Otro punto clave es la exigencia de garantías para que ningún estudiante que participa en la toma sea objeto de represalias legales, académicas o administrativas.

Finalmente, solicitan la instalación de una nueva mesa de diálogo con participación efectiva y representativa, en la que estén presentes la rectora Cristiana Alzamora, el vicerrector académico, los decanos de las facultades afectadas, representantes de Sunedu, un asesor legal que respalde a los estudiantes y un mediador neutral. Esta instancia, además, deberá ser transmitida en vivo para asegurar su transparencia y permitir la fiscalización de toda la comunidad villarrealina.