Ya no será necesario llevar al conductor a la comisaría para aplicarle la papeleta: MTC cambia el Reglamento Nacional de Tránsito

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú ha presentado un proyecto de Decreto Supremo que modifica de manera drástica el Reglamento Nacional de Tránsito (RETRAN), permitiendo que la Policía de Carreteras asuma nuevas funciones en el control y sanción de infracciones dentro de las ciudades. Esta iniciativa, formalizada mediante la Resolución Ministerial N° 357-2025-MTC/01.02, responde a una problemática de larga data: la superposición de competencias y la falta de claridad sobre quién debe fiscalizar las vías que, aunque catalogadas como carreteras, atraviesan zonas urbanas densamente pobladas.

El cambio más relevante se encuentra en el artículo 57 del RETRAN, que ahora obliga a los conductores a acatar no solo las órdenes de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) asignados al control del tránsito, sino también las de los encargados del control de carreteras. La desobediencia a estas indicaciones podrá derivar en intervenciones inmediatas, multas y en la apertura de acciones penales, lo que marca un endurecimiento en la fiscalización y el cumplimiento de las normas viales.

La complejidad de la fiscalización en las vías peruanas se agrava por la particularidad de que muchas carreteras nacionales atraviesan ciudades y pueblos, lo que genera confusión sobre la autoridad competente para sancionar. En una entrevista concedida a Infobae Perú, Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, explicó que “nuestras carreteras en realidad son avenidas porque prácticamente no se respeta el derecho de vía y pasan por ciudades, por pueblos”. Flórez ejemplificó esta situación con la Panamericana Sur, que atraviesa Lima y, aunque se considera una vía nacional, en la práctica funciona como una avenida urbana.

Hasta ahora, la Policía de Carreteras solo podía sancionar infracciones específicas, como el exceso de velocidad, en los tramos que no cruzaban zonas urbanas. Las infracciones típicamente urbanas, como saltarse un semáforo o no respetar el cruce peatonal, quedaban bajo la competencia exclusiva de la Policía de Tránsito. El nuevo reglamento busca unificar funciones para que la Policía de Carreteras también pueda sancionar las infracciones cometidas dentro de las ciudades, cerrando así un vacío legal que dificultaba la fiscalización efectiva.

Flórez subrayó que la expansión de competencias para la Policía de Carreteras responde a la realidad de que las ciudades han crecido en torno a las vías de evitamiento, lo que ha convertido a muchas carreteras en avenidas urbanas. “La Panamericana atraviesa todo San Borja, Miraflores, San Isidro, Chacarilla. Estás en la ciudad”, afirmó. Esta situación ha dejado a la Policía de Carreteras “de manos atadas” dentro de las ciudades, ya que no podía sancionar infracciones propias del entorno urbano.

No existe una fecha consensuada para la puesta en marcha del nuevo reglamento, pues los comentarios a la propuesta se recibirán hasta esta semana, y luego hay que esperar hasta que el MTC subsane. En tanto, Flórez aborda el tema de la capacitación de los efectivos de la Policía de Carreteras, asegurando que “están en condiciones de asumir la tarea”, aunque enfatizó la necesidad de dotarlos de herramientas tecnológicas para mejorar la fiscalización. Flórez criticó el atasco en el uso de tecnología en el país y propuso la instalación de cámaras, radares de velocidad y lectores de placas para apoyar la labor policial. “Estamos en el siglo 21 y no usamos tecnología. Lo que se tiene que instalar son cámaras, fiscalización, radares de velocidad, no con policía puesto en automático como tiene el Callao”, señaló.

El déficit de personal policial constituye otro obstáculo importante. Según Flórez, la Organización de las Naciones Unidas recomienda un policía por cada 300 habitantes, una meta que Perú está lejos de alcanzar. El distrito de Miraflores sería el que más se acerca a este estándar, pero en el resto del país la brecha es considerable. Esta carencia limita la capacidad de la policía para realizar una fiscalización efectiva, especialmente en ciudades con grandes extensiones y poblaciones numerosas.

El cambio normativo no modifica la situación fuera de las ciudades, donde la Policía de Carreteras mantiene sus funciones tradicionales. Sin embargo, dentro de las zonas urbanas, la nueva disposición permitirá que los efectivos de carreteras impongan multas en el acto, sin necesidad de trasladar a los infractores a la comisaría. Antes, solo la Policía de Tránsito podía sancionar infracciones de tránsito en el momento, mientras que otros policías debían llevar al infractor a la comisaría para que se formalizara la denuncia. Todo eso estaría por llegar a su fin, en cuanto el MTC dé por aprobado el nuevo reglamento.

La medida surge en un contexto de déficit policial que afecta a todo el país. El Ministerio del Interior ha confirmado que Perú enfrenta una carencia de entre 50.000 y 60.000 efectivos policiales, una brecha que, según estimaciones oficiales, impide alcanzar los estándares internacionales de seguridad ciudadana. A comienzos de este año, la institución informó que solo se contaba con 140.000 policías de todo tipo en el país, por lo que se han impulsado procesos de asimilación acelerados con efectivos de las Fuerzas Armadas para intentar paliar la escasez.

La estructura de la Dirección de Tránsito de la PNP se compone de cinco divisiones: Tránsito y Seguridad Vial, Prevención e Investigación de Robo de Vehículos, Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, Protección de Carreteras y Policía Ferroviaria. De todas ellas, la División de Tránsito y Seguridad Vial es la que tiene mayor presencia cotidiana en las calles.

El Observatorio de Seguridad Vial ha identificado que el 58% de los accidentes de tránsito en Perú se deben a errores humanos, entre los que destacan la imprudencia, el exceso de velocidad, maniobras no permitidas y el desacato de señales de tránsito. Este patrón revela que el incumplimiento de las reglas viales constituye la principal causa de siniestros en el país. Los accidentes relacionados con el exceso de velocidad representan una cuarta parte de los incidentes ocurridos entre 2018 y 2024, de acuerdo con información de la PNP.

Entre 2019 y 2023, se han registrado más de 398.000 siniestros de tránsito a nivel nacional, según los Anuarios Estadísticos de la Policía Nacional del Perú. En ese mismo periodo, el factor conductor fue responsable del 66% de los accidentes, asociados principalmente a excesos de velocidad, imprudencia, conducción bajo los efectos del alcohol, sobrecarga, desacato de señales, invasión de carril y vehículos mal estacionados. El año 2023 mostró un incremento del 3,6% en la ocurrencia de siniestros de tránsito por el factor conductor en comparación con 2022.

Las regiones con mayor concentración de siniestros asociados al conductor son Lima (132.544), La Libertad (17.697), Arequipa (16.824), Piura (11.602) y Lambayeque (11.383). En contraste, las regiones con menor incidencia son Loreto (966), Tumbes (964) y Huancavelica (320). En cuanto a los vehículos involucrados en accidentes fatales, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial señala que las motocicletas representan el 25%, seguidas de automóviles (20%), camiones y camionetas pick up (9% cada uno).