Delia Espinoza exige por tercera vez a la JNJ resolución formal sobre regreso de Patricia Benavides a la Fiscalía

Delia Espinoza Valenzuela, fiscal de la Nación, remitió por tercera vez un oficio a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) exigiendo que le envíen la resolución 231-2025-JNJ debidamente suscrita por los miembros del Pleno, el acta de la sesión donde se adoptó la decisión de reponer a Patricia Benavides y el registro audiovisual completo de dicha sesión. Según Espinoza, hasta la fecha sus pedidos no han sido atendidos formalmente, y los comunicados de prensa emitidos por la JNJ no tienen efecto jurídico.

“Los comunicados n.os 005 y 006-2025-JNJ […] no reemplazan a una resolución u oficio de respuesta al pedido formulado de nuestra parte, tampoco dichas comunicaciones de prensa generan consecuencias jurídicas”, escribió Espinoza en el oficio N.° 192-2025-MP-FN, enviado el 22 de junio.

La fiscal fundamentó su solicitud en la Ley Orgánica de la JNJ y en su reglamento interno, que indican que todas las decisiones del pleno deben ser públicas, motivadas y contener las firmas de los miembros intervinientes. Además, deben ir acompañadas de actas y registros de las sesiones respectivas.

Pese a que la fiscal de la Nación sostiene que no ha recibido documentación formal ni completa, la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ respondió este lunes 23 de junio con una exigencia directa: que cumpla con reponer en el cargo a Patricia Benavides. De lo contrario, advierten que procederán a “solicitar la fuerza pública” para hacer cumplir la resolución.

Por su parte, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha reiterado que se presentará nuevamente en el Ministerio Público para asumir funciones. En una reciente entrevista televisiva, afirmó que su restitución es “un mandato legal que debe cumplirse sin excusas” y que la Junta Nacional de Justicia “ya resolvió y notificó”.

También advirtió que, de no concretarse su retorno, iniciarán acciones legales por “usurpación de funciones” y “desacato a la autoridad constitucional” contra Espinoza.

A raíz del conflicto, Espinoza presentó una demanda de amparo contra la JNJ para proteger su titularidad como fiscal de la Nación y evitar que se materialice lo que calificó como “un golpe a la democracia”. Además, interpuso un hábeas corpus ante el temor de una eventual detención por desobediencia a la autoridad o presunta omisión de funciones. Sin embargo, el Décimo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente este último recurso.

La jueza Ana del Rosario Osorio Sosa concluyó que “no existe una amenaza cierta e inminente” contra la libertad de Espinoza y que los comentarios de los abogados de Benavides no constituyen por sí mismos una amenaza real.

Curiosamente, esta misma jueza fue quien declaró la sustracción de la materia en la demanda anterior de Benavides, lo que levantó suspicacias pero no pruebas de direccionamiento, ya que las causas se asignan por sorteo.

El respaldo a Benavides por parte de ciertas instituciones del Estado también se ha hecho evidente. La Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso otorgarle seguridad personal luego de que la propia Benavides notificara su restitución al comandante general de la Policía, Víctor Zanabria.

En una circular, la PNP señala que se brindará “resguardo policial con el carácter de muy urgente” a Patricia Benavides, considerando los riesgos que enfrentaría por “denuncias y otras actuaciones propias de su cargo como fiscal de la Nación”.

Posteriormente, por medio de un comunicado oficial, la PNP aclaró que Benavides y Delia Espinoza cuentan con protección e hicieron un llamado a las fiscales a evitar “el desorden y pugna de intereses”.

Otra señal de respaldo indirecto desde el Ejecutivo ocurrió cuando el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), adscrito al Ministerio del Interior, suspendió repentinamente una sesión programada para hoy.

En el oficio enviado el sábado 21, se indicó que la reunión quedaba suspendida “por especial encargo del premier Eduardo Arana” debido a “motivos de fuerza mayor”. Llamó la atención que en el documento no se consignó el nombre de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, a diferencia de los demás invitados. Analistas consideran que este hecho refleja una omisión deliberada para desconocer su autoridad.

El Ministerio Público también abrió una investigación preliminar contra los seis consejeros de la JNJ que participaron en la resolución que anuló la destitución de Patricia Benavides. El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales ha solicitado ya las copias certificadas del expediente judicial, las cuales fueron enviadas por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima.

Delia Espinoza también ha dispuesto que se investigue el supuesto “reglaje” denunciado por el consejero Francisco Távara, quien se abstuvo de votar en la cuestionada sesión de la JNJ.