El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la separación definitiva de 889 docentes y personal administrativo del servicio educativo público tras ser hallados responsables de delitos graves como violación, terrorismo, tráfico de drogas y otros actos penales. Esta medida responde a la aplicación estricta de la política de ‘tolerancia cero’ frente a conductas que atenten contra la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes, según informaron fuentes oficiales.
La decisión, comunicada el 20 de junio, es resultado de un proceso de depuración y revisión de antecedentes penales en distintos niveles educativos del país. El Minedu recalcó que la medida busca salvaguardar el derecho de niños y adolescentes a recibir formación en entornos seguros y libres de violencia. Como parte del procedimiento, el ministerio actualizó los padrones y registros nacionales para garantizar que quienes ejercen funciones dentro del sistema educativo cuenten con un perfil íntegro.
Los delitos que motivaron las desvinculaciones incluyen violación sexual, apología o vínculo con organizaciones terroristas, así como tráfico ilícito de drogas, homicidio y robo agravado. Las autoridades reiteraron la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el acceso y permanencia dentro de la carrera pública magisterial. El ministro de Educación, Morgan Quero, aseguró que se continuará revisando los antecedentes de los trabajadores para evitar el ingreso o la reincorporación de personas con historial delictivo.
Lineamientos de la depuración en el sector educativo
El Ministerio de Educación ha establecido directrices para canalizar la depuración de trabajadores en el magisterio peruano, amparándose en la Ley N.º 29944 y su reglamento. Esta normativa impide la permanencia en el sector público de personas condenadas por delitos dolosos, en especial cuando se trata de crímenes que ponen en riesgo la seguridad y bienestar de los menores.
En declaraciones recogidas por Andina, el titular del sector explicó: “El personal que cuenta con una sentencia consentida o ejecutoriada está impedido de brindar servicios en cualquier entidad educativa. Hemos dispuesto la separación inmediata de todos aquellos que incumplan estos requisitos”. Las acciones se coordinan con la Procuraduría Pública del Minedu y la Unidad de Personal, supervisando los procedimientos de destitución y asegurando la notificación de las instituciones educativas a nivel nacional.
El proceso de separación involucra tanto a maestros como a personal administrativo ubicado en distintas regiones del país y abarca el nivel inicial, primaria y secundaria. Como parte de la estrategia de control, el Minedu mantiene actualizada la base de datos de antecedentes judiciales y penales, consultando fuentes oficiales del Poder Judicial y el Ministerio Público. Además, el ministerio ha dispuesto la capacitación de directores y responsables de recursos humanos en la identificación oportuna de riesgos, reforzando el sistema de denuncias y atención a víctimas dentro de la comunidad escolar.
El Minedu ha puesto énfasis en la vigilancia continua de los procesos de selección y contratación de docentes. Se exige la presentación de antecedentes policiales y judiciales en cada etapa del proceso, descartando cualquier posibilidad de incorporación de personas con sentencias condenatorias. El objetivo es robustecer los filtros de evaluación y garantizar que las instituciones educativas sean espacios protegidos y libres de personal con antecedentes por delitos graves.
Impedimentos para la contratación de docentes denunciados por delitos graves
En el marco de la política de protección y prevención adoptada por el Estado, más de 2.000 docentes que enfrentaron denuncias o investigaciones por los delitos de violación sexual o terrorismo han sido impedidos de acceder a contratos en el sector educación. Esta restricción alcanza a quienes presenten procesos penales abiertos o se encuentren bajo medidas cautelares, asegurando que el filtro no solo alcance a condenados, sino también a quienes representen un riesgo potencial para la comunidad escolar.
El Minedu coordina con el Ministerio Público y la Contraloría General para el cruce de información y la permanente actualización de listas de personas inhabilitadas. Estas medidas han permitido detectar y prevenir la reincorporación de individuos con antecedentes penales en el magisterio y en la administración de centros educativos.
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