ATU lanza aplicación para asistir a transportistas que sufren de extorsión ante falta de denuncias y fallas en la línea 111

Ante la creciente preocupación por los casos de extorsión que enfrentan a diario los transportistas en Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) activó un nuevo programa de asistencia legal denominado “Asiste”. Esta aplicación tiene como objetivo reducir las barreras que han dificultado la presentación efectiva de denuncias por parte de los afectados.

Una de las principales innovaciones del programa es que los conductores ya no deberán acudir a las comisarías para denunciar los hechos. Según explicó el presidente de la ATU, David Hernández, el procedimiento tradicional quedaba muchas veces truncado porque no se contaba con pruebas suficientes y las víctimas eran intimidadas. “Los operadores llegaban a las comisarías sin medios probatorios y se iniciaba un trámite que no llegaba a nada”, detalló.

Ahora, gracias a una coordinación directa con la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú, los transportistas podrán presentar sus denuncias directamente ante esta unidad especializada, asistidos por personal de la ATU capacitado en temas legales y penales.

Sin embargo, el enfoque no es nuevo. En septiembre del 2024, la ATU había identificado que muchas denuncias no prosperaban porque estaban mal formuladas. Por ello, el personal fue capacitado con el mismo fin, “para orientar a los transportistas” en la redacción adecuada del parte policial.

Además, se anunció que la Procuraduría de la ATU articularía directamente con sus pares del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y del Ministerio del Interior (Mininter) para fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante estos delitos.

En paralelo a las acciones de la ATU, el Ejecutivo había implementado la línea gratuita 111 como un canal de atención para víctimas de extorsión. Sin embargo, bastó un mes desde su lanzamiento para evidenciar sus falencias.

Según reveló la Defensoría del Pueblo en octubre de 2024, esta línea no cuenta con protocolos claros de recepción de denuncias ni ofrece protección adecuada a los denunciantes.

Durante una visita inopinada a la sede central, el adjunto de Seguridad Ciudadana de la Defensoría, Raúl Miranda, constató que el número 111, gestionado por el MTC y el Mininter, no operaba al 100% ni brindaba un servicio efectivo. Esta deficiencia dejó a muchos transportistas sin un canal confiable para reportar actos de extorsión.

En contraste, el programa “Asiste” de la ATU promete evitar que las denuncias se queden sin seguimiento. Según Hernández, el acompañamiento legal que ofrece esta herramienta permitirá que las denuncias lleguen con claridad y pruebas a la Dirincri, y esto a su vez, permitiría abrir carpetas fiscales y el inicio de procesos penales. Aunque todavía es pronto para medir su impacto, la iniciativa busca corregir los vacíos que han impedido reportar estos delitos.

Mientras se ejecutan programas como “Asiste”, el gobierno también ha anunciado la implementación de un sistema de videovigilancia con reconocimiento facial en 60 rutas y más de 24 mil buses en Lima y Callao. Según la ATU, el proceso de adquisición comenzó en abril y la firma del contrato está prevista para julio.

Sin embargo, representantes del gremio de transportistas han cuestionado esta medida. Walter Carrera y Martín Valeriano, líderes sindicales, señalaron que el problema no es tecnológico, sino de seguridad estructural. “Se necesitan leyes más duras, no cámaras”, advirtieron. En su opinión, la videovigilancia no resolverá el problema de raíz si no se acompaña de una estrategia real para enfrentar el crimen organizado que afecta al sector.

El sector transporte se ha convertido en uno de los más golpeados por la delincuencia organizada. Según cifras de la Asociación Nacional de Integración de Transporte (Anitra), entre septiembre de 2024 y abril de 2025, más del 70% de empresas de transporte público formal en Lima y Callao fueron víctimas de extorsión.

A nivel nacional, las estadísticas también muestran un incremento alarmante. Según la SIDPOL, entre enero y mayo de 2025, las denuncias por extorsión en el país aumentaron 23% respecto al mismo periodo del año anterior. En Lima Metropolitana, la variación fue más drástica con un incremento del 44%.